General Roca. Una nueva y crucial etapa se abrió en la investigación por el brutal homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el pasado 17 de abril en General Roca. Gracias al minucioso trabajo técnico sobre el celular de la víctima, el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción logró reformular los cargos y precisar el macabro plan que culminó con la muerte del joven.
El avance de la causa es tal que el juez de Garantías decidió declarar el caso como complejo y extendió el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
La clave de este giro investigativo fue la capacidad de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que consiguió acceder al contenido del dispositivo de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior. De allí se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, junto con registros de llamadas, mensajes y videos que permitieron a la Fiscalía trazar el camino del crimen.
Según la nueva hipótesis fiscal, el homicidio ocurrió en un lapso de 35 minutos, entre las 19:48 y las 20:23 horas, detrás de la defensa aluvional. En ese breve periodo, cuatro hombres agredieron a Dobra con golpes y un arma de fuego, siguiendo un plan orquestado por una quinta persona.
La víctima fue arrastrada y abandonada detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las graves lesiones en el cráneo. Pero el plan no terminó allí: los agresores se apoderaron del automóvil de Dobra para ingresar a su departamento y sustraer una bicicleta y una consola de juegos. La evidencia digital corroboró que incluso hubo mensajes entre los acusados coordinando acciones posteriores, como ocultar el vehículo e intentar incendiarlo.
El Ministerio Público Fiscal logró imputar a siete personas con distintos niveles de participación: dos fueron acusados por homicidio triplemente agravado (por la alevosía, el uso de arma y la participación de menores), tres adolescentes fueron imputados por los mismos delitos, y dos hombres más fueron acusados de encubrimiento agravado (uno por omitir información y otro por ocultar el vehículo robado en calle Urquiza).
Ante la contundencia de las pruebas y la complejidad del caso, el juez prorrogó la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta mayo de 2026, manteniendo además las medidas cautelares para los menores involucrados.
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