La Legislatura rionegrina aprobó este jueves por mayoría la reforma a la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), en una sesión caracterizada por extensos debates parlamentarios y protestas sindicales en las tribunas del recinto. La iniciativa, promovida por el gobernador Alberto Weretilneck, elimina el esquema de afiliación obligatoria para habilitar a los trabajadores públicos activos y jubilados a optar libremente por la cobertura médica de su preferencia. El proyecto no contó con el acompañamiento de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.
El punto central de la normativa aprobada radica en el esquema de derivación financiera. Los empleados que decidan cambiar de prestadora de salud podrán transferir el 100% de su aporte personal —que representa un 4% para trabajadores en actividad y un 5,5% para los pasivos— hacia la nueva entidad elegida. Si la cuota de la cobertura seleccionada supera el monto derivado, la diferencia deberá ser abonada directamente por el afiliado. En caso de que la prepaga u obra social elegida interrumpa la prestación por causas ajenas al usuario, la ley prevé la reincorporación automática al Ipross sin períodos de carencia.
Por el contrario, la contribución patronal del 7% continuará ingresando íntegramente al Ipross para garantizar el sostenimiento solidario del organismo provincial. De acuerdo con el texto normativo, estos fondos retenidos por la provincia estarán asignados de manera específica al financiamiento de planes oncológicos, programas especiales, coberturas de discapacidad, prótesis, medicamentos de farmacia ambulatoria y tratamientos para enfermedades crónicas. La medida no alcanzará a funcionarios con cargos electivos o de designación política, como así tampoco a autoridades superiores de los tres poderes del Estado, organismos de control y empresas públicas.
Durante el debate en la Cámara, bancadas como Primero Río Negro, UCR, ARI-Cambiemos y PRO-Unión Republicana respaldaron la norma general planteando diversos matices sobre los alcances del porcentaje derivado. En contraposición, los legisladores opositores rechazaron el cambio argumentando que el porcentaje personal resulta insuficiente para acceder a la medicina privada y alertando sobre potenciales riesgos prestacionales para la obra social. Desde el bloque oficialista Juntos Somos Río Negro defendieron la solvencia del mecanismo argumentando que preserva los recursos patronales dentro de la estructura estatal mientras genera dinamismo y competencia en el sistema asistencial.
