La jueza federal María Alejandra Biotti dispuso una medida cautelar que detiene, por el momento, el avance del Gobierno nacional en su intento de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La resolución judicial se origina en una presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que cuestionó la legalidad de la iniciativa del Ejecutivo.
La magistrada solicitó al Estado nacional que informe sobre los fundamentos y alcances de la medida cuestionada, y determinó la suspensión de cualquier acto administrativo tendiente al desmantelamiento de la DNV, hasta que se resuelva el fondo del asunto.
La intención del Gobierno, bajo el plan de reorganización del Ministerio de Economía, implicaba suprimir organismos como la DNV, transfiriendo parte de sus funciones a empresas del sector privado. El gremio denunció que eso implicaría el desguace de una institución clave para la obra pública y el mantenimiento de rutas.
La causa continuará con la evaluación del fondo del planteo, pero por ahora, Vialidad Nacional seguirá operando con normalidad.
