Una docente de la región, madre soltera y sin vivienda propia, logró que la Justicia estableciera un límite a los descuentos de mutuales y financieras que consumían el 90% de su salario. A través de una medida cautelar, el fuero Laboral de Roca ordenó a su empleador que las deducciones no superen el 33% de sus ingresos.
La mujer había solicitado varios préstamos personales para poder llegar a fin de mes. A pesar de trabajar jornadas completas, hacer horas extras y tener trabajos adicionales como limpieza y venta de comida, los descuentos de los créditos la dejaron con un salario casi inexistente. En su presentación judicial, la docente argumentó que los descuentos violaban su derecho a una retribución justa y al carácter alimentario de su salario, fundamental para sostener a su familia.
El empleador había defendido los descuentos, señalando que la trabajadora los había tomado de forma voluntaria. Sin embargo, la jueza a cargo del caso consideró que la situación era insostenible y que los descuentos resultaban «confiscatorios e irrazonables», dejando a la mujer y a su hija sin los medios básicos para vivir.
La magistrada sostuvo que, aunque no haya una norma provincial específica, existen principios constitucionales y normas nacionales que establecen límites a las deducciones salariales. El tribunal consideró que el caso cumplía con los requisitos de urgencia, daño irreparable y la existencia de un derecho evidente para conceder la medida cautelar. La decisión busca proteger el salario de la trabajadora, garantizando que conserve los ingresos necesarios para subsistir de forma digna.
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