La Justicia de General Roca ordenó a un banco eliminar los datos crediticios negativos de un vecino que volvió a figurar como deudor

El fuero Civil intimó a la entidad financiera BBVA Argentina a suprimir los registros en un plazo de 5 días y gestionar una nueva rectificación ante el Banco Central, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias y progresivas. El fallo advirtió que la empresa cumplió de manera parcial una sentencia previa de hábeas data, manteniendo al damnificado en situación 4 de riesgo de insolvencia por productos financieros cuya contratación no fue acreditada.

El Juzgado Civil de General Roca dictó una sentencia interlocutoria mediante la cual intimó a la entidad financiera BBVA Argentina a eliminar en un plazo de 5 días los registros crediticios negativos de un vecino de la ciudad y a presentar una nueva solicitud de rectificación ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La resolución judicial advierte además que se podrán aplicar sanciones conminatorias diarias y progresivas en caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado.

El expediente se inició en abril de 2026, cuando el damnificado solicitó una ampliación del límite de su tarjeta de crédito en otra entidad bancaria y recibió una respuesta denegatoria al figurar con antecedentes negativos en la base de datos del BCRA por una presunta deuda con el BBVA. Tras enviar una carta documento sin obtener respuesta, el hombre promovió una acción de hábeas data en la que demostró que nunca había sido cliente de dicho banco y que la documentación aportada por la firma carecía de su firma, por lo que el tribunal declaró falsa la información crediticia al no existir prueba de consentimiento.

A pesar de haber sido condenada a suprimir los datos, la entidad financiera informó posteriormente al hombre con una calificación crediticia aún más desfavorable en agosto de 2026, elevando su categoría de situación 3 a situación 4, indicador de alto riesgo de insolvencia. Al analizar la denuncia por incumplimiento de sentencia, el magistrado comprobó que el banco únicamente había dado de baja los períodos comprendidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, configurando un acatamiento parcial que motivó la nueva intimación judicial.

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