El Poder Judicial de Cipolletti ha dado un giro determinante en una causa que busca garantizar la transparencia en el manejo del patrimonio de una persona en situación de vulnerabilidad. Tras el fallecimiento de sus padres, el hombre quedó bajo un esquema de protección legal donde una de sus hermanas asumió el rol de administrar sus recursos, incluyendo herencias y participaciones en una sociedad comercial. Sin embargo, tras años de gestión, la nueva figura de apoyo designada para velar por su bienestar planteó una duda central: ¿qué pasó realmente con los bienes durante todo este tiempo?
En una primera instancia, una jueza de Familia había rechazado el pedido de informes alegando falta de precisión sobre qué bienes integraban el patrimonio. No obstante, la Cámara de Apelaciones de Cipolletti corrigió este enfoque, señalando que, más allá de cualquier desorden administrativo previo, el eje central es la protección de una persona vulnerable. El tribunal recordó que la curatela o los sistemas de apoyo no son un cheque en blanco, sino un compromiso legal que obliga a actuar con buena fe y, fundamentalmente, a dejar constancia documentada de cada movimiento económico realizado.
El deber de informar y reconstruir el patrimonio
La sentencia de la Cámara fue contundente al explicar que rechazar el pedido de rendición de cuentas diluía la obligación de quien administra. Por este motivo, ordenó reencauzar el proceso de manera urgente. Ahora, la hermana que estuvo al frente de los bienes durante años deberá presentar información detallada y respaldada sobre los ingresos y las gestiones realizadas, tanto en el país como eventualmente en el exterior, bajo el apercibimiento de ley.
Al mismo tiempo, la justicia le encomendó a la actual figura de apoyo la tarea de elaborar una reconstrucción provisoria del patrimonio con la documentación disponible. Esta etapa será clave para determinar si el patrimonio del hombre fue preservado correctamente o si existieron irregularidades en el manejo de los fondos durante las décadas en las que estuvo bajo tutela judicial. El fallo reafirma que en el derecho de familia actual, la transparencia es el pilar fundamental para garantizar que los derechos de quienes no pueden administrar sus propios bienes sean efectivamente respetados.
