La Justicia de Chos Malal ordena reincorporar a dos trabajadoras de Corfone tras denunciar acoso sexual

La Justicia laboral de Chos Malal determinó que la estatal Corfone S.A. debe reincorporar con responsabilidad salarial a dos exempleadas despedidas en octubre de 2024. El fallo reconoce que el despido fue una retaliación por haber denunciado acoso laboral y sexual por parte de un superior.


Desarrollo:

En un fallo emblemático por su enfoque en violencia y discriminación laboral, la Justicia laboral de Chos Malal ordenó a la empresa estatal Corfone S.A. la reincorporación inmediata de dos trabajadoras despedidas en octubre de 2024. Además, deberá abonar los salarios que les adeuda desde su desvinculación.

La controversia se originó luego de que las trabajadoras denunciaran a un jefe de sector por conductas persistentes de hostigamiento sexual, que incluían burla, cosificación y tocamientos explícitos —como señalarses los genitales durante las interacciones con ellas—, sin que Recursos Humanos respondiera a sus reclamos.

El juez a cargo, de la V Circunscripción Judicial, Carlos Choco, califica como discriminatorio el despido, luego de que ambas mujeres elevaran la denuncia. A su criterio, la empresa actuó de buena fe para neutralizarlas, justificando el despido por supuestas «infracciones nimias», lo que desacredita esa explicación y refuerza la conclusión de que la medida fue una represalia directa por haber denunciado el acoso.

En un punto clave del fallo, Choco cuestiona la constitucionalidad del artículo 245 bis de la Ley de Bases (Ley 27.742), que busca limitar la aplicación del marco legal vigente contra actos discriminatorios en el trabajo. El juez consideró que este artículo «promueve la desigualdad de trato en la ocupación y el empleo» y contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Con esta resolución, Corfone S.A. deberá restablecer laboralmente a las dos trabajadoras y abonarles los haberes caídos desde su despido. El caso abre un precedente en la materia y fortalece la defensa de los derechos laborales frente a conductas de abuso y represalia dentro del ámbito del trabajo estatal.

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