La Corte Suprema ratifica a jueces en el caso Correo Argentino: un giro inesperado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión que marca un hito en la causa que involucra a Correo Argentino, empresa vinculada al Grupo Macri. En un fallo reciente, el máximo tribunal desestimó el pedido de recusación presentado por los abogados de la compañía, quienes solicitaban apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, alegando «temor de parcialidad».

El caso en cuestión, que se tramita en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, investiga supuestas irregularidades en un acuerdo de pago de deudas que Correo Argentino mantenía con el Estado. Este acuerdo, que se gestó durante la presidencia de Mauricio Macri, ha sido objeto de controversia desde su firma, ya que implicaba una cancelación de 300 millones de pesos en un plazo de 15 años, con una tasa de interés del 7%, lo que significaba una significativa reducción de la deuda original.

La defensa de Correo Argentino argumentó que la imparcialidad de los jueces estaba comprometida, señalando que Farah había denunciado presiones durante la administración de Macri y que Boico había sido abogado defensor de figuras políticas opositoras. Sin embargo, la Corte, a través de un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo, sostuvo que los argumentos presentados no lograron demostrar la existencia de un temor de parcialidad que justificara la recusación.

El rechazo a la recusación por parte de la Cámara Federal y, posteriormente, de la Corte, pone de relieve la complejidad de este caso, que no solo involucra aspectos legales, sino también un evidente trasfondo político. La defensa de los directivos de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, sostiene que el expediente posee un «claro contenido político», intentando debilitar la figura del expresidente Mauricio Macri y su familia.

La fiscal Gabriela Boquín ya había calificado el acuerdo alcanzado en 2016 como «ruinoso» para el Estado, lo que ha llevado a un prolongado proceso judicial. Actualmente, la causa se encuentra en una fase de evaluación de pruebas, con solicitudes de pericias contables que buscan determinar la validez del acuerdo y su impacto en el patrimonio estatal.

Este desenlace en la Corte Suprema no solo refuerza la posición de los jueces en un caso de alta relevancia, sino que también subraya la importancia de la independencia judicial en un contexto donde las acusaciones de politicización de la justicia son recurrentes. La decisión del máximo tribunal podría influir en los próximos pasos de la investigación, que sigue generando atención mediática y política en el país.