La Justicia federal de Tierra del Fuego dictó ayer una medida cautelar que suspende por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, adoptando como efecto inmediato el restablecimiento de la antigua barrera sanitaria. La decisión fue tomada por la jueza Mariel Borruto, luego de favorecer un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la resolución N° 460 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La resolución cuestionada, emitida por SENASA en junio, había flexibilizado los controles sanitarios permitiendo el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, derogando una barrera que venía vigente desde hace 24 años con el objetivo de prevenir la fiebre aftosa. Bajo esta nueva medida, el valor del kilo de asado con hueso cayó hasta $7.000 en Neuquén y Río Negro, generando reacciones en sectores agropecuarios patagónicos.
Pese a que la fiscalía federal se había pronunciado en contra del amparo, la jueza Borruto argumentó que la resolución del SENASA carecía de respaldo técnico contundente y que su implementación podía poner en peligro el estatus sanitario internacional de la región. En particular, destacó que importantes organismos de Chile y la Unión Europea ya habían suspendido importaciones de productos argentinos o anunciado inspecciones, lo que reforzó el riesgo sanitario y económico.
En sus fundamentos, la magistrada consideró que el reconocimiento de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación constituye un activo estratégico nacional cuya pérdida acarrearía un «perjuicio irreparable», tanto para los productores y trabajadores rurales como para los consumidores y el sistema alimentario regional.
El fallo también subraya que la resolución del SENASA generó un daño sanitario inmediato, sin ofrecer evidencia adecuada de que la apertura no comprometería la inocuidad ni la trazabilidad de los alimentos, además de desconocer las dificultades logísticas que enfrentan los productores fueguinos para trasladar sus animales a faena.
La decisión judicial tiene fuerte resonancia en toda la región patagónica, especialmente en provincias como Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, donde la producción ganadera y la trazabilidad sanitaria constituyen sectores clave de la economía. Durante el período de suspensión, se reestablecen restricciones estrictas para preservar el estatus sanitario nacional.
En paralelo, el SENASA deberá presentar pruebas robustas justificando la revocación de la barrera y demostrar que no existen riesgos sanitarios reales. Si ese respaldo no se entrega, la protección judicial podría mantenerse más allá de los 30 días.
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