En una audiencia celebrada en una ciudad costera de Río Negro, se abordó un conflicto entre dos madres que llevaron sus diferencias al ámbito jurídico. Ambas acudieron al juzgado unipersonal tras denunciar acosos entre sus hijas en el colegio, pero también agresiones mutuas entre ellas, tanto en la vía pública como en sus domicilios. Las denuncias se tramitaron bajo la Ley provincial 5.592, que sanciona contravenciones vinculadas con intimidación, hostigamiento y amenazas que perturban la convivencia pacífica.
Frente a esta situación, la justicia dictó una serie de medidas cautelares con el fin de evitar que el conflicto escale. Se estableció una prohibición de contacto directo e indirecto entre las mujeres, incluyendo comunicaciones mediadas por redes sociales o terceros. También se impuso una restricción de aproximación recíproca de al menos 200 metros respecto de sus domicilios, lugares de trabajo u otros espacios habituales.
Además, se ordenó la intervención de las autoridades escolares para implementar un protocolo que asegure una convivencia libre de violencia física, psicológica o simbólica. Parte de esas medidas incluye capacitación obligatoria en temas como la Ley Micaela y la protección integral de derechos de la infancia, destinada al personal docente y no docente. También se dispuso el acceso a asistencia psicológica y social tanto para las niñas como para sus familias, a través de equipos interdisciplinarios del sistema educativo.
Las medidas tendrán una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de extensión si persiste el riesgo o se detecta el incumplimiento de las condiciones impuestas. La supervisión y cumplimiento de estas disposiciones quedó bajo la responsabilidad de la comisaría local.
