El bloque del PRO en la Legislatura rionegrina, integrado por Juan Martín, María Laura Frei, Ofelia Stupenengo, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro, presentó un ambicioso proyecto de ley para declarar el Estado de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario. El diagnóstico de los legisladores es alarmante: aseguran que la provincia atraviesa un cambio de modalidad delictiva donde se pasó del hurto simple a asaltos violentos a mano armada en viviendas y vía pública a cualquier hora del día.
Para revertir esta situación, el proyecto propone la creación del «Fondo Provincial para la Emergencia en Seguridad», que contaría con una partida presupuestaria de hasta $42.000 millones. Este dinero se destinaría exclusivamente a un plan de choque para reequipar a una fuerza policial cuyos móviles, según el texto, son «prácticamente inútiles» en su estado actual.
Uno de los puntos más polémicos y comentados de la propuesta es la facultad que se le otorgaría al Ministerio de Seguridad para convocar a personal policial retirado. Estos efectivos se reincorporarían para funciones operativas, siempre que no tengan antecedentes de delitos de lesa humanidad ni sanciones disciplinarias graves.
Además, la ley busca optimizar el recurso humano existente:
Traspaso de funciones: Capacitar a empleados de otras áreas públicas para que realicen las tareas administrativas de las comisarías.
Máxima prevención: El objetivo es que la mayor cantidad posible de uniformados de carrera dejen las oficinas y se sumen a las labores de lucha contra el delito en el territorio.
El proyecto no se limita a la prevención en la calle, sino que busca reformar lo que denomina una normativa «arcaica» en las cárceles. Se propone la implementación obligatoria de audiencias virtuales para internos, una medida que busca reducir drásticamente los costos y los riesgos de fuga o incidentes durante los traslados de presos hacia los tribunales.
Finalmente, para garantizar la transparencia en el uso de los fondos extraordinarios, se creará una comisión de seguimiento legislativo. La autoridad de aplicación deberá rendir cuentas de forma bimestral, detallando cada peso invertido en patrulleros, chalecos y cámaras de videovigilancia.
