Inglés obligatorio en Río Negro: impulsan un proyecto para enseñarlo desde el jardín hasta el secundario

Viedma. El acceso al aprendizaje de idiomas podría dejar de ser un privilegio de quienes pueden costear un instituto privado en Río Negro. El legislador Javier Acevedo, presidente del bloque CC ARI-Cambiemos, presentó un proyecto de ley para establecer la enseñanza obligatoria, sistemática y progresiva del idioma inglés en todos los niveles del sistema educativo provincial: Inicial, Primario y Secundario.

Se trata de la segunda vez que Acevedo intenta convertir esta propuesta en ley. Tras perder estado parlamentario el proyecto presentado en 2023, el legislador redobló la apuesta e incorporó al Nivel Inicial dentro de la obligatoriedad, fundamentado en estudios pedagógicos que aseguran que la incorporación temprana de una segunda lengua favorece un aprendizaje más natural y eficaz.

Igualdad de oportunidades y futuro laboral

El núcleo del proyecto reside en la equidad social. Acevedo remarcó que, mientras los estudiantes de mayores recursos acceden a academias privadas, los jóvenes de sectores populares dependen exclusivamente de la escuela pública. “Garantizar el acceso universal es promover la igualdad de oportunidades y fortalecer las capacidades de las futuras generaciones”, destacó el parlamentario.

La iniciativa no solo tiene un fin cultural, sino estrictamente productivo. Según el legislador, el dominio del inglés es hoy una «competencia clave» para que los jóvenes rionegrinos puedan insertarse en los sectores más dinámicos de la economía regional, tales como:

• Energía e hidrocarburos (Vaca Muerta).
• Turismo internacional (Zona Andina y Costa).
• Economía del conocimiento e industria tecnológica.
• Logística y cadenas de valor globales.

Implementación gradual

Consciente de los desafíos logísticos, el proyecto propone una implementación progresiva en todo el territorio provincial. El plan contempla la formación y capacitación docente, la adecuación de las currículas y la disponibilidad de recursos pedagógicos.

Un punto destacado de la propuesta es la prioridad territorial: el legislador plantea que la implementación comience por aquellos establecimientos educativos que cuentan con mayor matrícula proveniente de sectores socialmente vulnerables, buscando saldar primero la deuda educativa en las zonas que más lo necesitan.