El debate en torno a la transparencia institucional y los requisitos para el ejercicio de la función pública sumó un nuevo punto de coincidencia en la Legislatura de Río Negro. El legislador Fernando Frugoni, vicepresidente de la bancada CCARI-Cambiemos, destacó el proyecto de ley presentado por su par Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), orientado a realizar test de consumo de drogas y sustancias prohibidas a los funcionarios estatales. Frugoni señaló que la iniciativa coincide con el espíritu del proyecto que su propio bloque ingresó en diciembre pasado, el cual se diseñó en base a normativas vigentes en provincias como Neuquén, Córdoba, San Luis y Entre Ríos.
El parlamentario del Circuito Atlántico aclaró que la medida no pretende transformarse en una persecución ni en una intromisión en la vida privada de los agentes, sino que busca garantizar las capacidades indispensables que exige la Constitución provincial para la permanencia en cargos de alta responsabilidad. Ante la coexistencia de ambas propuestas, el legislador adelantó que buscarán unificar los textos durante el debate en comisiones para lograr una norma superadora. El proyecto del CCARI contempla un diseño amplio que incluye amplias garantías de defensa, debido proceso y confidencialidad para los agentes que resulten seleccionados.
De acuerdo con el mecanismo propuesto por la bancada de Frugoni, la Defensoría del Pueblo sería el organismo encargado de coordinar los controles de manera equidistante, contando con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y la fiscalización de la Escribanía General de Gobierno. El sistema estipula la realización de sorteos aleatorios dos veces al año y en fechas sorpresivas, seleccionando en cada oportunidad a veinte funcionarios del Poder Ejecutivo, diez del Poder Judicial y diez del Poder Legislativo. En caso de detectarse un resultado positivo, el protocolo garantiza el derecho a una contraprueba confidencial antes de remitir el informe final al titular del poder correspondiente para iniciar los carriles legales de remoción.
De convertirse en ley, el alcance de los controles abarcará la totalidad de las máximas jerarquías de la administración pública rionegrina. La lista de sujetos obligados incluye desde el Gobernador, Vicegobernador, ministros y legisladores, hasta los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, jueces, fiscales, jefes de la Policía provincial, directores del Servicio Penitenciario y los titulares de empresas públicas y entes autárquicos de la provincia.
