Cipolletti. La situación de detención en las comisarías del Alto Valle vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Un reciente fallo del Juez de Ejecución Penal, Fernando Romera, desestimó un recurso de habeas corpus presentado por internos de la Comisaría 4ta, pero dejó al descubierto una realidad crítica: el sector de calabozos opera con el doble de su capacidad permitida.
El reclamo fue impulsado por un grupo de detenidos, entre ellos Aquiles Fabián Polleschner, un hombre condenado a 4 años de prisión por un violento caso de privación de la libertad contra su ex pareja. Los internos denunciaron la falta de acceso a telefonía para hablar con sus familias y problemas constantes en la provisión de agua potable.
Seguridad extrema tras la fuga de «Peke» Peña
El comisario Diego Domínguez, jefe de la unidad, justificó las restricciones actuales basándose en los antecedentes inmediatos. Desde la fuga del peligroso detenido Carlos «Peke» Peña en noviembre pasado, la seguridad se volvió máxima. Esto incluyó la prohibición total de teléfonos celulares dentro del sector de calabozos.
Como alternativa, la comisaría implementó un sistema de «comunicación epistolar»: los presos solo pueden comunicarse con el exterior mediante cartas. Según el informe oficial, la correspondencia es supervisada por el personal de guardia para evitar el ingreso de sustancias prohibidas o elementos peligrosos. Además, se dividieron las visitas en dos turnos para gestionar mejor el escaso espacio físico disponible.
Hacinamiento y crisis hídrica
El informe del expediente revela que, al 11 de marzo, la unidad alojaba a 12 hombres en apenas dos calabozos, lo que «supera ampliamente la capacidad operativa originalmente prevista». Esta sobrepoblación complica incluso el uso de servicios básicos.
Respecto a la falta de agua, las autoridades explicaron que no se trata de una sanción, sino de una falla estructural del edificio. El tanque de almacenamiento es compartido por la Comisaría 4ta y la Unidad Regional V, lo que genera caídas de presión constantes que dejan sin suministro tanto al personal policial como a los detenidos.
La resolución judicial
Pese al panorama descrito, el juez Romera rechazó el habeas corpus al considerar que las medidas de la policía no constituyen un «agravamiento ilegítimo», sino que son facultades de organización necesarias tras la evasión de un interno.
Sin embargo, el magistrado lanzó una fuerte orden: el Servicio Penitenciario debe trasladar de forma urgente a Polleschner a un penal provincial. El magistrado ya había dictado esta orden en dos oportunidades previas este mes, pero el condenado sigue ocupando una plaza en la comisaría por la falta de cupos en las cárceles rionegrinas, agravando aún más el colapso del sistema local.
