La polémica información fue revelada en el programa ‘Wi Fi’ de A24, donde los periodistas presentaron un supuesto expediente y un acta policial original de Estados Unidos. Estos documentos detallarían la presunta detención de Villaverde en 2002 en Sarasota, Florida, por la compra de un kilo de cocaína por $17.000, como parte de una entrega controlada por detectives encubiertos.
Según lo expuesto, la candidata habría entregado el dinero y seguido a los agentes, mientras que dos coacusados habrían confirmado que la droga estaba destinada a la reventa. Si bien el juicio habría sido declarado nulo por una irregularidad procesal, permitiéndole evadir una condena, la candidata continúa negando los hechos.
Además, el programa señaló que Villaverde actualmente tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos y que sus gestiones como diputada para obtener una visa han sido infructuosas.
A la acusación en EE. UU. se suma el señalamiento de que Villaverde enfrenta numerosas causas civiles y penales en Argentina, incluyendo fraude y malversación.
Los periodistas indicaron que «hay funcionarios que consideran que Villaverde no puede ser candidata» y están pidiendo su exclusión de la lista. El principal argumento es el impacto negativo de su figura en la campaña, especialmente en Río Negro, donde la intención de voto estaría «desplomándose» según sondeos recientes.
Las tensiones internas también escalaron con el anuncio de un diputado nacional de que pedirá la expulsión de Villaverde de la Cámara Baja.
Pese a las presiones, otros sectores dentro del oficialismo advierten que, incluso si Villaverde renunciara a su candidatura al Senado, mantendría su actual banca de diputada. Desde el entorno de la candidata, aseguran que continuará con su campaña, aunque admiten preocupación por el clima político generado dentro del espacio oficialista.
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