Lázaro Báez, el empresario vinculado al caso de la «Ruta del Dinero K», ha sido trasladado de su domicilio en El Calafate a una cárcel federal en Río Gallegos. Esta decisión, tomada por el juez Néstor Costabel, busca garantizar el cumplimiento de su condena de diez años de prisión por lavado de dinero, una sentencia que ya ha sido confirmada por la Corte Suprema.
El traslado se llevó a cabo pocas horas después de que el Tribunal Oral Federal 4 desestimara un pedido de la defensa para que Báez continuara cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario. A pesar de los argumentos presentados por su defensa, quienes intentaron justificar la continuidad del arresto en base a razones familiares y personales, el magistrado enfatizó que la gravedad de los delitos involucrados no permitía tales concesiones.
La estructura delictiva creada por Báez y sus cómplices se ha descrito como una compleja red de lavado de activos, que utilizaba tanto empresas nacionales como internacionales para mover cifras que superan los 55 millones de dólares. Esta organización no solo implicaba transferencias de dinero, sino también el uso de instituciones financieras para blanquear capitales provenientes de actividades ilícitas. La firmeza de la sentencia ha dejado claro que el tiempo de privilegios en la ejecución de la pena ha concluido, reafirmando la postura de que el arresto domiciliario ya no es aplicable.
Por otra parte, la defensa no tardó en manifestar su descontento frente a esta decisión judicial, sugiriendo que se buscaban alternativas más favorables para el empresario. La resolución del juez Costabel deja poco margen para la esperanza en ese sentido. Aludan que, aunque se hicieron intentos por mantener un enfoque más humanitario, la naturaleza del delito en cuestión es tal que debe primar la justicia por encima de consideraciones personales.
Si la justicia se manifiesta con rigor, podría abrir la puerta a un renovado compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político y empresarial.
