El bloque de legisladores de la CC ARI Cambiemos puso sobre la mesa un debate clave para la seguridad pública en plena era digital. A través de un proyecto de comunicación, solicitaron formalmente al Gobierno Nacional y al ENACOM que dispongan las medidas necesarias para prohibir y bloquear de manera definitiva las llamadas bajo la modalidad de «número oculto», «privado» o «desconocido», tanto en los servicios de telefonía fija como móvil. La premisa es clara: el derecho a la privacidad no puede pasar por encima del derecho a saber quién está intentando comunicarse.
Los parlamentarios argumentan que la opción de esconder la identidad en la pantalla se convirtió en el escudo predilecto para la comisión de delitos graves. Al ampararse en el anonimato, los delincuentes reducen el riesgo de ser rastreados y aumentan la vulnerabilidad de las víctimas en escenarios de estafas telefónicas, secuestros virtuales y extorsiones. El panorama es especialmente complejo para los adultos mayores, principales blancos del vishing (fraude telefónico), donde los estafadores se hacen pasar por empleados de ANSES, PAMI o bancos para generar confusión y robar ahorros.
Los ejes centrales de la iniciativa:
- Bloqueo por defecto: Prohibición de las llamadas entrantes que oculten la identidad del llamante en todo el territorio nacional.
- Sello de verificación visual: Creación de un Protocolo de Identidad Digital Verificada para que los llamados de bancos y organismos públicos aparezcan con su nombre real en la pantalla.
- Excepciones críticas: Se mantendrá la opción de ocultamiento únicamente para fuerzas de seguridad, salud y organismos de emergencias debidamente justificados.
- Protección a vulnerables: Blindar el sistema contra el grooming (acoso a menores) y evitar que los agresores usen números privados para evadir perimetrales por violencia de género.
«Vivimos en una era donde la identidad digital es clave: así como para abrir una cuenta bancaria o un perfil en redes sociales se exigen validaciones, la telefonía no puede seguir ofreciendo el anonimato como función por defecto», remarcaron los autores del proyecto.
La propuesta también atiende una problemática silenciosa pero destructiva en la justicia de familia y penal: el uso de números ocultos para saltarse las medidas cautelares de prohibición de acercamiento. Al no quedar un número registrado en el historial del teléfono de la víctima, se dificulta enormemente la recolección de pruebas para que los fiscales puedan avanzar en las investigaciones por desobediencia judicial.
Aunque los legisladores reconocen que las provincias no tienen la competencia directa para regular las telecomunicaciones, una facultad netamente federal, remarcaron que la Legislatura tiene la obligación política de exigirle a Nación herramientas urgentes para frenar el delito informático. Con esta jugada, buscan que el teléfono vuelva a ser una herramienta de comunicación segura y no una puerta abierta a la delincuencia.
