El juez federal Ernesto Kreplak elevó a más de 90 las muertes asociadas al fentanilo contaminado, que se distribuyó en hospitales de diversas provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y Bahía Blanca.
La ANMAT intervino inmediatamente: clausuró los laboratorios involucrados y retiró del mercado más de 300.000 ampollas del producto —alrededor de 45.000 ya habían sido aplicadas—, encontrándose bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en frascos y pacientes.
Aunque algunos informes hablan de 76 muertos, fuentes judiciales aseguran que la cifra actual supera los 90 fallecimientos.
HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, liderados por Ariel García Furfaro, son el origen del lote contaminado. El juez Kreplak ya imputó a 24 personas, quienes tienen inhibición de bienes y prohibición de salir del país. El empresario ya había acumulado sanciones de la ANMAT por falsificación de etiquetas, controles deficientes y violación de trazabilidad. En paralelo, enfrenta causas por estafa (no finalizó el pago del laboratorio), evasión fiscal y documentación falsa para importar sustancias químicas.
Ante la presión mediática y judicial, García Furfaro desmintió responsabilidad directa y pidió investigar un posible sabotaje interno, diciendo: «Si realmente las ampollas están contaminadas, alguien las contaminó». En distintas entrevistas, rechazó cualquier vínculo con narcotráfico y afirmó que muchas acusaciones son “barbaridades” sin sustento legal.
La diputada Silvana Giudici (PRO) reveló vínculos políticos de Furfaro con figuras del kirchnerismo, como Alicia Kirchner y Lázaro Báez. Denunció que sus pedidos para formar una comisión investigadora en Diputados fueron bloqueados por el bloque K al romper el quórum necesario. Giudici advirtió que sin una comisión oficial con atribuciones, “esto terminará como otras causas narco, con pruebas que desaparecen”. Pese a la presión de familias de víctimas y de sectores parlamentarios opositores, el intento fracasó en medio de una sesión con fuerte tinte político. Ariel García Furfaro, quien tiene estrechos lazos con el kirchnerismo y viajó en la comitiva por la vacuna Sputnik, está bajo la lupa, y la pregunta es ¿por qué lo protege el poder kircherista?
Una investigación de EFE detectó un entramado societario complejo con negocios variados que permiten maniobras opacas para ocultar eventuales delitos. Además, la ANMAT y la Justicia investigan al entorno de García Furfaro y otros empresarios afectos al peronismo (Kirchnerismo), algunos involucrados en tráfico de medicamentos falsos.
En hospitales como el Italiano de La Plata y otros centros, se detectaron casos iniciales que derivaron en una ola de denuncias y manifestaciones. La Justicia federal sigue su curso: con análisis bacteriológicos, estudios forenses, secuestros de evidencia, declaraciones y presión para que se aceleren las medidas 
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