En la ciudad judicial de Roca se investiga la desaparición de «más de 100 armas» secuestradas en causas penales que estaban bajo resguardo en los depósitos judiciales. El hecho dejó al descubierto graves fallas en la cadena de custodia del Poder Judicial de Río Negro en una de las circunscripciones más sensibles de la provincia.
La investigación se inició a partir de un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, donde, tras un enfrentamiento armado, se secuestró una de las armas utilizadas. Al verificar su numeración, se determinó que la misma debía estar bajo resguardo en un depósito judicial, lo que encendió las alarmas y dio origen a la causa penal que hoy lleva adelante la fiscal Teresa Giuffrida.
Tras un primer relevamiento en el depósito, se determinó que no se trataba de un caso aislado: faltarían «más de 100 armas», lo que generó una inmediata repercusión en todos los estamentos de la Segunda Circunscripción. «Lo único que puedo informar es que se está investigando el faltante de más de 100 armas», indicó una fuente consultada por este medio, mientras que otros funcionarios del Poder Judicial confirmaron la cifra.
Según el protocolo, las armas secuestradas deben permanecer bajo custodia de la Oficina Judicial, que depende directamente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde la reforma procesal de 2017. En este sector, ubicado en el subsuelo del edificio y que permanece bajo llave, no interviene personal de la Policía de Río Negro; la seguridad es responsabilidad exclusiva del ámbito judicial. Actualmente, la Oficina Judicial está a cargo de Fernanda Lucchetti.
De manera preventiva, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación interna. La denuncia fue impulsada por las propias autoridades judiciales, quienes dispusieron una auditoría urgente para establecer responsabilidades.
En paralelo, la jueza de Garantías Claudia Lemunao ordenó allanamientos en domicilios vinculados a personas bajo investigación, aunque hasta el momento no se informaron resultados positivos. Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia designó al Auditor General, Juan Manuel Montoto Guerrero, para encabezar el sumario administrativo.
La preocupación central radica en que los elementos faltantes son pruebas clave en causas penales, muchas de ellas vinculadas a delitos graves aún en curso. Además, el faltante no se limitaría únicamente a Roca: según se informó oficialmente, también se detectaron irregularidades en otras oficinas judiciales de la provincia.
