El armado político con la mira puesta en las elecciones de 2027 comenzó a acelerarse de manera reservada en los despachos de la Ciudad de Buenos Aires, abriendo un canal de negociación inédito entre el peronismo dialoguista y la jefatura libertaria. Un grupo de gobernadores aliados mantuvieron una cena secreta en la Capital Federal para dar forma a una audaz propuesta electoral orientada a blindar sus territorios tradicionales. De la reunión participaron los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes analizaron cómo capitalizar políticamente el complejo escenario provincial antes de que comience el debate por la reforma electoral en el Congreso de la Nación.
La propuesta central, que al día siguiente fue transmitida en reuniones directas en la Casa Rosada al Ministro del Interior, Diego Santilli, y al armador oficialista Eduardo «Lule» Menem, contempla que estos mandatarios se presenten como candidatos únicos a gobernador en sus distritos, logrando que La Libertad Avanza decline presentar competidores directos en esas categorías ejecutivas. A cambio, los gobernadores le ofrecen a los hermanos Milei colgar de sus respectivas boletas provinciales una lista colectora con candidatos legislativos netamente libertarios. Esta ingeniería es viable únicamente en las provincias que sostienen calendarios desdoblados y que no aplican el sistema de boleta única de papel a nivel local, dejando fuera del acuerdo a distritos como Córdoba, Santa Fe o Mendoza, donde el formato de papeleta unificada impide el acople de colectoras.
Para la Casa Rosada, la oferta de los gobernadores aliados representa una ganancia estratégica doble en su camino hacia la reelección presidencial. Por un lado, le permite a Javier Milei transitar el año electoral sin sufrir derrotas políticas previas en los comicios provinciales anticipados. Por el otro, el pacto consolida el respaldo legislativo del denominado «bloque de gobernadores» en el Parlamento nacional, cuyos votos son indispensables para sancionar leyes estructurales trabadas en el Congreso, tales como las modificaciones al etiquetado frontal, la regulación de la ludopatía, el nuevo régimen de incentivos denominado «Súper RIGI» y la intención oficial de eliminar o flexibilizar las elecciones PASO.
Los gobernadores impulsan este acuerdo conscientes del fenómeno del «voto cruzado» que exhiben sus electorados, donde una amplia porción de los votantes apoya la gestión macroeconómica de Milei a nivel nacional pero prefiere respaldar a los oficialismos peronistas o provincialistas a la hora de elegir liderazgos locales. Este comportamiento es nítido en provincias con motores económicos ligados a la minería, la energía y el agro, como sucede en los territorios de Jaldo, Jalil, Sáenz y el propio Weretilneck. De obtener la aprobación final de Karina Milei y el estratega Santiago Caputo, la alianza informal que nació para sostener las leyes de la Casa Rosada se transformará en un acuerdo político duradero que reconfigurará el mapa electoral argentino del próximo año.
