El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo hacia la regularización del empleo público en la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck anunció formalmente el inicio del proceso de pase a planta permanente para más de cuatro mil doscientos trabajadores y trabajadoras que actualmente se desempeñan bajo diversas modalidades contractuales precarias dentro de la administración pública provincial. El mandatario confirmó que durante la primera semana de julio enviará el correspondiente proyecto de ley a la Legislatura para dotar de un marco legal a la medida, la cual fue articulada y consensuada tras una reunión clave en Cipolletti con el secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar.
Desde el Poder Ejecutivo fueron categóricos al señalar que la iniciativa no representará un costo fiscal extra para las arcas rionegrinas ni la incorporación de personal nuevo a las filas del Estado. «No se trata de sumar nuevos salarios, sino de ordenar y dar previsibilidad a hombres y mujeres que ya vienen cumpliendo tareas esenciales de carácter permanente en ministerios, escuelas y hospitales», explicaron las autoridades. No obstante, se aclaró que el beneficio no se otorgará de forma automática: cada uno de los agentes aspirantes deberá atravesar un riguroso proceso de selección que incluye acreditar idoneidad mediante un examen obligatorio, certificar aptitud psicofísica y no registrar antecedentes disciplinarios desfavorables.
De acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto, el ingreso a la estabilidad laboral alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios (monotributistas), siempre que hayan iniciado su vínculo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y lo hayan mantenido de forma ininterrumpida. Para el caso específico de los prestadores de medios, se exigirá certificar una antigüedad continua no inferior a un año a la fecha de corte. Las estimaciones preliminares indican que este último universo técnico abarca a unas setenta personas, aunque el número final podría reducirse por bajas o jubilaciones recientes.
Una vez que la Legislatura rionegrina convierta el proyecto en ley, se abrirá una ventana de tiempo de entre seis y ocho meses para la ejecución de las etapas administrativas y técnicas. Durante este período, las oficinas de Recursos Humanos y las juntas evaluadoras llevarán adelante la verificación de la documentación, la certificación de los años de servicio y la toma de los exámenes de competencia para concluir formalmente con el ordenamiento del personal del Estado.
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