Cipolletti, Río Negro. – Una situación de extrema gravedad institucional y preocupación civil se vive en la comunidad educativa del colegio secundario Estación Limay. La directora del establecimiento presentó una denuncia penal contra el hijo de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, luego de que trascendieran presuntas amenazas de muerte dirigidas hacia sus propios compañeros de aula.
El hecho se desencadenó cuando el alumno, que cursa el segundo año, advirtió a otros estudiantes que concurriría a la escuela portando un arma con la intención de matarlos. Ante la veracidad que la institución otorgó a la amenaza, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales de la provincia de Río Negro.
Intervención judicial y medidas de prevención
La Fiscalía de turno de la ciudad de Cipolletti tomó cartas en el asunto de manera urgente, disponiendo una serie de medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los alumnos, docentes y personal no docente del colegio. No obstante, las fuentes aclararon que, dada la edad del implicado, el menor es legalmente no punible ante la ley penal argentina.
A pesar del clima de tensión, este viernes la actividad escolar en el colegio Estación Limay se desarrolló con normalidad, aunque bajo un esquema de vigilancia reforzado. Se confirmó, además, que el hijo de la diputada Villaverde no asistirá a la institución mientras dure el proceso de investigación y se evalúen las medidas de contención necesarias para el grupo afectado.
Impacto político y social
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político provincial y nacional, dada la investidura de la madre del menor, la legisladora Lorena Villaverde. Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de la diputada respecto a la situación que involucra a su hijo en la ciudad de Cipolletti.
Desde la comunidad de padres del establecimiento manifestaron su inquietud y exigieron garantías de que el protocolo de seguridad se mantenga firme. La justicia rionegrina, por su parte, continúa recolectando testimonios y material probatorio para determinar el alcance de las amenazas y asegurar que el entorno educativo recupere la calma necesaria para el dictado de clases.
