En las últimas horas se desató una fuerte polémica en ADANIL, el reconocido centro de rehabilitación y atención a personas con discapacidad de General Roca, luego de que se confirmara —a través de cámaras de seguridad internas— que un empleado se apropió de la caja de propinas que los usuarios y familias dejan voluntariamente para colaborar con la asociación civil sin fines de lucro.
La situación generó un profundo malestar entre empleados, pacientes y familiares, ya que la caja de propinas constituye un símbolo de apoyo comunitario hacia una institución que funciona gracias al esfuerzo conjunto, el compromiso profesional de su equipo y los aportes solidarios que complementan la asistencia provincial.
Lo más llamativo del caso es que, pese a que el registro fílmico identifica claramente al responsable del hurto, el representante de la conducción de ADANIL evitó tomar medidas inmediatas. Lejos de apartar preventivamente al trabajador involucrado o de radicar la denuncia correspondiente, emitió una escueta nota interna en la que apenas menciona la existencia de un “faltante” y que se realizarán “investigaciones”, sin revelar que ya se conoce la identidad del autor.
Esta actitud generó suspicacias y enojo entre el personal, que reclama transparencia y una respuesta institucional acorde a la gravedad del hecho. No se trata solo de la pérdida de dinero —que siempre proviene de familias que muchas veces hacen un esfuerzo enorme para colaborar—, sino también de la confianza dentro de un espacio dedicado a cuidar a personas en situación de vulnerabilidad.
Trabajadores del centro, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, exigen que la conducción muestre públicamente las imágenes de las cámaras y cumpla con sus deberes legales: separar al empleado identificado, realizar la denuncia policial y garantizar que estos episodios no vuelvan a repetirse.
“ADANIL es una institución respetada por toda la comunidad. No puede mirar para otro lado ante un robo interno, y mucho menos cuando el responsable ya está identificado”, manifestaron.
Mientras tanto, familiares de pacientes también piden explicaciones. La falta de medidas concretas no solo pone en duda la seriedad con la que se maneja el caso, sino que compromete la credibilidad de un espacio que debe priorizar la transparencia y la ética por encima de todo.
La comunidad espera respuestas claras y acciones reales.
La confianza no se recupera con comunicados ambiguos, sino con hechos.
