Los tribunales de Viedma fueron escenario del inicio de uno de los procesos judiciales más masivos y complejos de los últimos años en la administración pública provincial. La causa investiga a una profesional médica, a su esposo y a más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro por los delitos de uso de documentación falsa y fraude a la Administración Pública. La investigación penal tuvo su origen en junio de 2024, a partir de una denuncia formal presentada por el gobernador Alberto Weretilneck a través de la Fiscalía de Estado.
La primera audiencia formal, presidida por el juez Adrián Dvorzak, estaba destinada a la formulación de cargos contra la totalidad de los sospechosos. Sin embargo, ante el elevado volumen de personas involucradas y las dificultades logísticas de la modalidad virtual, ya que la mayoría de los agentes se conectó desde distintas localidades del interior provincial, el magistrado resolvió reprogramar la instancia técnica. Para garantizar el debido proceso y asegurar que cada imputado comprenda con precisión los hechos atribuidos, las indagatorias se ejecutarán de manera desdoblada en grupos de 20 personas.
El caso penal se desencadenó luego de que las auditorías de control del ausentismo, desarrolladas por la Secretaría de la Función Pública, detectaran un comportamiento estadístico inusual y sistemático en la presentación de carpetas médicas dentro de la fuerza de seguridad.
Las pericias administrativas e informáticas permitieron identificar un circuito aceitado de falsificación:
- Emisión indiscriminada: Se constataron redes de profesionales de la salud que otorgaban licencias sin justificación clínica real.
- Abuso del sistema: El entrecruzamiento de datos detectó casos extremos donde un solo médico llegó a firmar un total de 2.000 días de licencia para diversos agentes.
- Impacto financiero: El desvío de fondos destinados a cubrir sueldos de personal que no prestaba funciones generó un perjuicio económico millonario para las arcas del Estado provincial.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, presenció la primera jornada del debate en los tribunales viedmenses y fijó la postura del Poder Ejecutivo respecto al reordenamiento de los controles estatales. La funcionaria señaló que, más allá del impacto estrictamente presupuestario, la maniobra investigada afectó de forma directa la operatividad y la prestación de los servicios de prevención en el territorio provincial.
«En esta causa se investiga a más de 100 policías por el uso de certificados apócrifos. Si la acusación se comprueba, estamos hablando de efectivos que no estaban en sus puestos de trabajo cuidando a los vecinos», enfatizó Lastra, argumentando que las sanciones buscan respaldar a los agentes que cumplen con sus funciones frente a quienes abusan del régimen de licencias.
El avance de la megacausa continuará durante las próximas semanas con el desfile de las sucesivas tandas de uniformados ante el Ministerio Público Fiscal. El proceso se desarrolla en un contexto de endurecimiento de las auditorías sobre el empleo público en Río Negro, donde la resolución del tribunal determinará no solo las responsabilidades penales de la médica y los efectivos, sino también las correspondientes destituciones y sumarios exoneratorios dentro de la Policía de la provincia.
