Este año, el tradicional asueto por el Día del Empleado Público no será parte del calendario de los trabajadores estatales. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde informó que la jornada no laborable del 27 de junio quedará eliminada. La decisión será oficializada en las próximas horas a través del Boletín Oficial.
Adorni explicó que la medida responde a la visión que el actual Gobierno sostiene sobre el rol del Estado y la función pública. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, afirmó. También remarcó que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”, subrayando la necesidad de responsabilidad y equidad en el uso de los recursos públicos.
El vocero fue claro al señalar que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país”. El Día del Trabajador del Estado, celebrado cada 27 de junio, no figura entre los feriados nacionales, pero históricamente muchas dependencias públicas cierran sus puertas, afectando servicios clave como salud, seguridad, educación, justicia y administración. Este año, el asueto caía viernes, lo que prometía un fin de semana largo para miles de empleados estatales.
La reacción de los gremios no tardó en llegar. Rodolfo Aguiar, representante de ATE, expresó su descontento: “Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático. Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó. En la Argentina no existen los emperadores”.
La decisión del Gobierno apunta a marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores y a limitar los beneficios exclusivos del sector público, en línea con la premisa de igualdad ante la ley y eficiencia en el uso de recursos de todos los argentinos. El debate entre el valor del trabajo estatal y los derechos de los contribuyentes vuelve así al centro de la escena.
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