El Gobierno ha oficializado la disolución del programa Pro.Cre.Ar, argumentando que se había convertido en una «pesada carga» para las finanzas del Estado. Esta decisión se enmarca dentro de un contexto más amplio de reestructuración del aparato estatal, según lo establecido en la Ley 27.742, que declara la emergencia pública y permite la modificación de fondos fiduciarios para mejorar la eficiencia del gasto público.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría que reveló serias deficiencias en la ejecución del programa, incluyendo demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos, falta de control y problemas de habitabilidad en las unidades construidas. Estos motivos fueron determinantes para la decisión de disolver el programa.
Con respecto a los créditos ya otorgados, estos serán transferidos al Banco Hipotecario S.A. bajo un nuevo contrato que mantendrá las mismas condiciones establecidas en el contrato original de 2012. Esto significa que los beneficiarios no verán cambios en los montos, plazos, tasas de interés, actualizaciones ni cronogramas de pago.
El Banco Hipotecario será responsable de la cobranza de los créditos, que se depositarán en la cuenta del Tesoro, descontando sus costos operativos. Además, se le permitirá vender carteras de créditos cuya tasa de cobranza sea inferior al 40%.
En cuanto a las obras inconclusas, se estima que hay alrededor de 17,000 viviendas en proceso de construcción. La finalización de estos proyectos quedará a cargo de gobiernos provinciales, municipales o del sector privado. Las viviendas que ya están completas pero no han sido adjudicadas podrán ser vendidas directamente, en lugar de ser sorteadas.
El Ministerio de Economía asumirá la administración de los bienes muebles e inmuebles del fondo, con la facultad de transferirlos a gobiernos locales o a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, siempre que no estén vinculados a obras en curso. Las deudas y juicios pendientes se saldarán con los ingresos generados por la cobranza de créditos o la venta de bienes, siguiendo el orden establecido en el fideicomiso original. Las demandas judiciales relacionadas con el programa disuelto serán gestionadas por el servicio jurídico del Ministerio de Economía.
El enfoque del Gobierno es que la financiación de la vivienda debe ser asumida por bancos y el sector privado, en lugar de depender directamente del Estado, lo que refleja un cambio significativo en la política habitacional del país.
