Derrumbe fatal en Roca: piden que la empresa involucrada sea excluida como proveedora del Estado

A casi dos meses de la tragedia que le costó la vida al operario Hugo Ariel Breppe, el reclamo de justicia sumó un nuevo y contundente capítulo, esta vez en el plano institucional. La familia de la víctima, encabezada por su esposa Mirian Flores, presentó ante el Gobierno de Río Negro un pedido formal para que la empresa responsable de la obra sea excluida del registro de proveedores provinciales.

La presentación no es un hecho aislado: llegó acompañada por carpetas que contienen más de 600 firmas recolectadas entre vecinos de General Roca, quienes acompañan el pedido de la querella. El objetivo es claro: que el Estado provincial evalúe la conducta de la firma y determine si es apta para continuar dentro del esquema de contrataciones públicas tras el fatal desenlace del pasado 9 de marzo.

Mientras el Gobierno analiza este pedido administrativo, la investigación judicial en la Fiscalía de Roca sigue recolectando pruebas clave. Hasta el momento, el proceso ha incluido:

Allanamientos y secuestros: Se incautó documentación técnica y dispositivos electrónicos para peritajes.

Inspecciones oculares: Se realizaron pericias en el terreno para reconstruir la mecánica del derrumbe.

Suspensión de tareas: La Secretaría de Trabajo mantiene la clausura preventiva de las excavaciones en la obra hasta que se garantice la seguridad total.

Un punto determinante en el expediente son las declaraciones de excompañeros de Breppe. Según trascendió, varios testimonios coinciden en señalar graves deficiencias en materia de seguridad e higiene previas al accidente. Estos aportes sugieren que las condiciones de trabajo no eran las óptimas, un elemento que la fiscalía deberá contrastar con las pericias técnicas de los ingenieros.

«El planteo busca que haya una consecuencia real y ejemplificadora en el registro de proveedores, más allá de lo que resuelva la justicia penal», indicaron fuentes cercanas a la familia.

Por ahora, la decisión de desplazar a la empresa de la nómina de proveedores estatales queda en manos de los organismos administrativos de la provincia, quienes deberán seguir los protocolos vigentes para determinar si existe mérito suficiente para la exclusión definitiva.