La polémica rodea a Evolución Gym, un gimnasio con sede en San Juan y Tucumán, luego de que su dueña fuera denunciada en el marco de una causa penal por presunta usurpación. El conflicto comenzó por una disputa con un socio, con quien compartía la propiedad del establecimiento.
Tras un dictamen judicial, la empresaria decidió vaciar por completo el gimnasio y trasladar todas las máquinas y equipamiento. La decisión dejó sin servicio a los abonados, quienes se encontraron con las puertas cerradas y los salones desmantelados.
Lo que generó mayor indignación fue que, mientras esto sucedía, las cuotas se seguían cobrando con normalidad. Decenas de clientes denunciaron en redes sociales que habían pagado recientemente y que algunos incluso recién habían comenzado a abonar su membresía. “Hace días me cobraron la mensualidad y hoy no hay nada, se llevaron hasta las pesas”, relató una usuaria enojada.
El caso también destapó dudas sobre la gestión empresarial del gimnasio. La disputa judicial por la titularidad, sumada a la presunta usurpación y al vaciamiento de las instalaciones, abre un escenario complejo tanto en lo legal como en lo comercial. Una clienta que asistía al gimnasio dijo que algo malo podría haber ocurrido, porque las maquinas no estaban en buen estado, y muchas necesitaban mantenimiento.
Mientras tanto, clientes quedaron sin respuestas y con la sensación de haber sido engañados. La situación refleja una problemática cada vez más frecuente: emprendimientos con conflictos internos que terminan repercutiendo directamente en los usuarios, que quedan en el medio de la pelea societaria y sin el servicio por el que pagaron.
