Durante el año 2025, los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de Río Negro registraron un total de 1.277 trámites de divorcio, consolidando a este tipo de proceso como uno de los ejes centrales de la conflictividad judicial en la provincia. El dato, que surge del informe anual del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ), muestra un ligero incremento frente a los 1.240 expedientes iniciados en 2024.
El relevamiento histórico revela que las cifras han oscilado durante la última década, alcanzando su pico máximo en 2023 con 1.529 sentencias. Sin embargo, la tendencia se mantiene por encima de los niveles registrados en la prepandemia o durante el año 2020, cuando el Poder Judicial resolvió 910 casos. Actualmente, el trámite se distribuye en 16 organismos judiciales ubicados en ciudades como Viedma, Roca, Cipolletti, Bariloche, San Antonio Oeste y El Bolsón, entre otras.
La agilidad en la resolución ha sido uno de los puntos destacados por la Justicia rionegrina. Gracias a la vigencia del marco legal que no exige exponer los motivos del cese del vínculo, algunos casos sin hijos ni bienes en común llegaron a resolverse en menos de una semana el año pasado. El proceso requiere únicamente la voluntad de una de las partes para disolver el matrimonio, mientras que cuestiones anexas como el cuidado personal o la distribución de bienes continúan su trámite por vías complementarias.
En términos generales, el sistema de Justicia de Familia tuvo una actividad intensa durante 2025, dictando un total de 11.150 sentencias de finalización que incluyen fallos definitivos y homologaciones. Este volumen de trabajo se apoyó en el modelo de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia (OTIF), que permiten a los magistrados concentrarse en la toma de decisiones jurisdiccionales mientras los equipos técnicos gestionan la carga administrativa y las casi 6.000 audiencias realizadas en el año.
