La tensión salarial en las fuerzas de seguridad de Río Negro sumó un nuevo capítulo de conflicto tras la confirmación de un acampe permanente frente a la casa de gobierno. Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, aseguró que la medida de fuerza busca forzar una respuesta directa del gobernador Alberto Weretilneck ante una situación que calificó como «crítica y alarmante» para las familias de los uniformados.
El anuncio se produce luego de una movilización realizada este viernes en General Roca, donde los efectivos entregaron un petitorio en la Regional Segunda. El eje del reclamo es la recomposición real del salario, denunciando que el sueldo básico de un policía en la provincia se encuentra estancado en los 56 mil pesos, lo que afecta no solo a los activos sino también a los retirados. Según Muñoz, la propuesta gubernamental de otorgar bonos «en negro» es insuficiente y vulnera derechos previsionales.
Desde el Consejo señalaron que el objetivo es alcanzar un piso salarial de $1.800.000, una cifra que consideran «justa y digna» para garantizar la seguridad alimentaria de los agentes. En este sentido, Muñoz advirtió que la crisis actual está llevando a muchos efectivos a situaciones extremas, con dificultades para pagar alquileres o cubrir necesidades básicas, contrastando la realidad local con los recientes aumentos otorgados en provincias como Santa Fe.
El plan de lucha para los próximos días contempla además la posibilidad de unificar reclamos con otros sectores estatales. El referente policial confirmó que mantienen conversaciones con ASSPUR, el gremio de los trabajadores de la salud, para realizar medidas conjuntas. El acampe del miércoles en la capital rionegrina marcará el inicio de una etapa de protestas permanentes hasta obtener una convocatoria formal a mesas de negociación salarial.
