El pronunciamiento judicial se dio a conocer tras un proceso que investigó un violento episodio registrado sobre la calle San Juan en la ciudad de General Roca, donde ambos imputados interceptaron a bordo de una motocicleta a la expareja de la mujer, quien se encontraba circulando en un automóvil Volkswagen Bora. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, la agresión incluyó heridas cortantes propinadas con un arma blanca por parte de la mujer y golpes de puño y patadas ejecutados por su cómplice, provocando a la víctima secuelas permanentes como una deformación en el rostro y la pérdida parcial de funcionalidad en el brazo derecho.
Durante el desarrollo del debate oral, la acusación fiscal había sostenido la hipótesis de un intento de homicidio; sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas reunidas no lograban acreditar la intención letal, por lo que recaratificó el hecho bajo los cargos de lesiones graves. En la resolución final, Alan John Alist fue penado como partícipe primario a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Evelyn Antonella Escobar Abi Saad recibió una condena de tres años de prisión condicional como autora penalmente responsable, contemplándose en su caso los antecedentes de violencia de género sufridos durante el vínculo previo.
Además de las penas privativas de libertad en suspenso, los magistrados impusieron a ambos sentenciados rigurosas reglas de conducta que deberán cumplir durante los plazos establecidos de uno y tres años respectivamente. Entre las obligaciones figuran la fijación de residencia, la realización de presentaciones periódicas ante el Instituto de Asistencia a Personas Liberadas, la abstención del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, y la prohibición absoluta de acercarse a menos de cien metros de la víctima o realizar cualquier tipo de hostigamiento por medios tecnológicos.
El fallo cierra un extenso camino procesal que incluyó audiencias de debate desarrolladas a finales de septiembre y principios de octubre, seguidas por la instancia de cesura de penas a principios de noviembre. La sentencia marca el desenlace judicial de un caso que conmocionó a la comunidad local y que subraya la intervención de los organismos judiciales frente a episodios de violencia interpersonal extrema en la región.
