Comenzó el juicio por el Plan TECHO DIGNO: Martini y Milano en el banquillo

La exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini y el ingeniero Alfredo Milano enfrentan un juicio oral por presuntas irregularidades en obras del plan nacional Techo Digno. La causa investiga pagos por trabajos que no habrían estado terminados.


Este lunes comenzó el juicio oral y público contra la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, y el ingeniero Alfredo Milano, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del Plan Techo Digno. Según la acusación, durante la gestión municipal se habrían certificado y pagado avances de obra mayores a los realmente ejecutados, lo que permitió cobrar fondos del Estado nacional por trabajos que no estaban finalizados.

La investigación se remonta a auditorías realizadas en 2016 por organismos nacionales, cuando inspectores revisaron las viviendas construidas en Bariloche y detectaron que varias de ellas carecían de terminaciones básicas, como revoques, ventanas o instalaciones sanitarias, pese a que la documentación indicaba que las obras estaban más avanzadas.

De acuerdo con estimaciones incorporadas en el expediente, el perjuicio económico al erario municipal actualizado rondaría los 816 millones de pesos. La causa se inició hace casi una década y recién ahora llegó a la instancia de juicio oral y público, donde se evaluarán las responsabilidades de los imputados.

El expediente también tuvo repercusiones políticas en los años posteriores. Durante la gestión del entonces intendente Gustavo Gennuso, el municipio impulsó revisiones administrativas sobre el estado de las obras y la situación de los planes habitacionales.

Además, el caso fue mencionado en distintas oportunidades por el exintendente Aníbal Tortoriello, quien durante su etapa al frente del municipio de Cipolletti y posteriormente en su rol político provincial se refirió a las irregularidades detectadas en programas habitacionales financiados con fondos nacionales.

El debate judicial buscará determinar si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades penales en la certificación y pago de las obras del plan habitacional.

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