La modificación al Código de Transporte busca poner fin a la creciente informalidad del sector y evitar situaciones como las registradas en ciudades vecinas, donde la falta de habilitación empresarial dejó a los conductores fuera de la ley. En Cipolletti, la normativa diferencia claramente la situación de las plataformas de la de los choferes, permitiendo que estos últimos trabajen sin riesgo de sanciones o secuestro del vehículo.
“El registro de las empresas se tramita por un carril y el de los conductores por otro. Si la plataforma no cumple, se actúa contra la empresa, no contra el chofer”, explicó el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, quien participó del debate legislativo.
Requisitos y polémica
A partir de la sanción de la ordenanza, los conductores deberán cumplir requisitos similares a los de los taxistas: carnet profesional, seguro habilitante y vehículos con determinadas condiciones. Entre las exigencias se estableció que los autos no podrán superar los siete años de antigüedad y que cada vehículo podrá estar vinculado a un máximo de cuatro choferes.
Uno de los puntos más cuestionados fue el costo del carnet profesional, que supera los 150 mil pesos debido al examen psicofísico obligatorio. Referentes de choferes de Uber solicitaron un plazo de gracia para adecuarse a la normativa y manifestaron su malestar por considerar que la ordenanza los equipara en exceso con el sistema de taxis.
A pesar de las críticas, los propios conductores valoraron la regularización. “Queríamos dejar de trabajar con miedo a que nos secuestren el auto”, señalaron.
Igualdad de condiciones y mirada de los taxistas
Desde el oficialismo, el concejal Martín Posse sostuvo que la regulación era inevitable. “Las aplicaciones son una realidad, la Corte Suprema ha dicho que no se pueden prohibir y los vecinos las usan. El rol del Estado es garantizar seguridad e igualdad de condiciones”, afirmó.
El sector taxista, que históricamente resistió la llegada de Uber, adoptó una postura más moderada. Desde la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines (Acttya) aseguraron que no se oponen a las aplicaciones, aunque mantienen reparos por la competencia tarifaria.
La regulación no tendría un efecto inmediato en el precio que pagan los usuarios, aunque desde el Municipio admiten que podría haber consecuencias indirectas. Con mayores requisitos, muchos choferes que usaban las apps como ingreso complementario podrían dejar de hacerlo, reduciendo la oferta y presionando al alza las tarifas.
