Un audio reciente al que accedió Todoroca puso al descubierto una práctica preocupante: la organización de cacerías ilegales de pumas en Río Negro, ofrecidas a turistas extranjeros como una experiencia “deportiva” en campos privados. Según se escucha en el material, se brindan servicios que incluyen alojamiento, guías y vehículos para facilitar la caza de estos grandes felinos.
El audio confirma lo que varias organizaciones ambientalistas y científicos han venido advirtiendo: la existencia de una red informal y prohibida de caza de fauna silvestre nativa bajo un formato de “turismo rural extremo”.
Un conflicto antiguo, una amenaza presente
La situación no es nueva. El puma, uno de los principales predadores nativos de la Patagonia, ha estado en el centro del conflicto con los productores agropecuarios desde los inicios mismos de la actividad ganadera. En el noreste de Río Negro, se reporta que cerca del 40% de las unidades productivas sufre algún tipo de pérdida por ataque de estos felinos, según una tesis doctoral presentada por la bióloga María de las Mercedes Guerisoli ante la Universidad Nacional del Sur.
En su investigación basada en más de 200 entrevistas a ganaderos y análisis de campo, Guerisoli estimó que las pérdidas económicas ascienden en promedio a 2.134 dólares por establecimiento por año, sobre todo en haciendas ovinas.
Sin embargo, también advierte sobre un peligro mayor: “El puma podría convertirse en víctima dejando de desempeñar el papel de victimario”.
Esto se debería a procesos de caza indiscriminada y desmonte, que pueden llevar a su extinción local y con ello, alterar drásticamente el equilibrio del ecosistema.
“Desaparecido el puma, no desaparecerá el problema”, sostiene.
El felino cumple un rol clave en la regulación de presas y otros predadores menores, como el zorro pampeano. Su desaparición dejaría a estos últimos sin control natural, generando consecuencias ecológicas y económicas aún mayores.
Causas del conflicto y mitos comunes
Expertos explican que el ataque a animales domésticos no responde simplemente a un «comportamiento asesino» del puma. Se trata de un fenómeno ambiental complejo: la pérdida de presas silvestres, la fragmentación del hábitat, las prácticas de manejo ganadero y la caza del propio puma son factores que se retroalimentan.
De hecho, no todos los individuos resultan problemáticos. Sólo algunos desarrollan una tendencia recurrente a atacar ganado. Por eso, muchas estrategias modernas de mitigación apuntan a identificar y controlar individuos específicos, en lugar de promover una eliminación generalizada de la especie.
Una nueva ley, pero viejas prácticas
En este contexto, la Legislatura de Río Negro sancionó recientemente una nueva ley de protección de fauna silvestre, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente. La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, incorpora criterios científicos para clasificar las especies, regula actividades como la caza, la cría en cautiverio y la liberación de ejemplares.
Uno de los puntos clave es la creación del Fondo Provincial para la Fauna Silvestre, que busca financiar campañas de preservación, educación ambiental, investigaciones y control. La autoridad de aplicación deberá mantener registros actualizados de criaderos y operadores cinegéticos.
Sin embargo, el caso del audio revelado expone que la práctica clandestina de caza de pumas persiste, a pesar del nuevo marco legal. Las actividades ilegales no sólo contradicen las normas provinciales, sino que también vulneran acuerdos internacionales de protección de especies nativas.
Entre la producción y la conservación: una salida posible
El desafío hoy es encontrar soluciones sostenibles que reconozcan tanto las necesidades del sector ganadero como la urgencia de proteger al puma y su hábitat.
Desde el ámbito científico y ambiental, se proponen alternativas como:
-Cambios en el manejo del ganado.
-Incentivos para la coexistencia.
-Turismo no extractivo.
-Educación y fortalecimiento institucional.
La idea de que matar un puma resuelve el problema ya ha sido desmentida. Por el contrario, las evidencias señalan que la eliminación sistemática de la especie podría generar un daño ecológico y económico aún mayor.
Lo que el audio filtrado desnuda, en definitiva, es una práctica criminal disfrazada de aventura rural, y una deuda pendiente del Estado en garantizar que la conservación no sea solo un principio en los papeles, sino una realidad efectiva en el territorio.
