Este martes, mientras Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, la magistrada estadounidense solicitó una amplia gama de comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios. La información requerida abarcaría desde mensajes personales y correos electrónicos (oficiales y personales) hasta contenidos de servicios de mensajería como WhatsApp, e incluso datos del Banco Central.
La orden de Preska se dio a conocer luego de que los abogados del Estado argentino presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones. En su presentación, el país buscaba mantener la suspensión del fallo que lo obliga a ceder el control de YPF, advirtiendo que ejecutar dicha orden «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos.
La audiencia de este martes en el juzgado de Preska se centró exclusivamente en la discusión sobre la producción de pruebas (conocida como discovery) con miras a la potencial ejecución de la sentencia. La jueza resolvió varios pedidos presentados por los demandantes desde hace aproximadamente un año.
Adicionalmente, se autorizó el discovery sobre posibles vínculos de «alter ego» con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. Según la posición argentina, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York violaría tanto leyes estadounidenses como argentinas al vulnerar la soberanía del país, y sostienen que no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Aunque el caso contra Argentina se encuentra en etapa de apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia. Fuentes oficiales indicaron que se entregaron a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo aquellos relacionados con sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países.
Una fuente cercana a la Casa Rosada manifestó que es «evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery«. Además, sostuvo que «su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía».
Por su parte, la República Argentina informó que está «evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa».
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