El caso del oficial de la Policía de Río Negro, Gabriel Mandagaray, que murió en abril de 2021 durante un riguroso curso de capacitación del COER, escaló a la máxima instancia política de la provincia.
Elsa Adriana Fabi, madre del oficial, formalizó un pedido de Juicio Político (Jury) ante la Legislatura provincial contra cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el máximo tribunal de la provincia. La presentación fue ingresada este lunes 10 de noviembre de 2025.
La denunciante argumenta que los magistrados incurrieron en «mal desempeño» y «abuso de autoridad» en el tratamiento de la causa penal que investiga la muerte de su hijo.
Fabi recordó que la etapa de juicio oral culminó en 2023 con condenas confirmadas en revisión. Sin embargo, sostuvo que «a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario». La madre del oficial denunció que el STJ anuló resoluciones previas y devolvió el expediente en reiteradas ocasiones, decisiones que, según su criterio, «han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad».
La familia enfatiza que las pruebas del proceso acreditaron una «muerte en custodia», ya que Mandagaray asistió a la capacitación por orden institucional y no por voluntad propia. Fabi manifestó que la familia «se siente provocada e insultada» y solicitó que se garantice «la transparencia y el cumplimiento de la ley».
La denuncia fue elevada al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, quien le dio el curso administrativo correspondiente.
Ahora, la evaluación del planteo recae sobre la Comisión de Juicio Político, integrada por los legisladores Ariel Bernatene, Facundo López, Silvia Morales, Lucas Pica y Gabriela Picotti.
Según lo establecido por la Constitución de Río Negro, la Comisión cuenta con un plazo de 40 días para emitir un dictamen. Si el dictamen es favorable, se elevará la acusación a la Sala Acusadora, instancia que definirá si se inicia formalmente el proceso de juicio político contra los magistrados denunciados.
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