La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción el miércoles 20 de mayo a una profunda reforma del Régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional. El proyecto de ley, que cosechó 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, avanza ahora hacia el Senado con el objetivo central de revertir de forma parcial la ampliación territorial aprobada en 2021 y generar un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos. Si bien la Patagonia conservará formalmente el beneficio automático por bajas temperaturas contemplado en el esquema original de 2002, los especialistas advierten que el impacto en los bolsillos regionales será inevitable debido a una alteración estructural en el diseño del subsidio.
La clave del inminente incremento radica en el cambio del criterio de aplicación de la bonificación sobre los componentes de la boleta. Hasta el momento, el descuento del régimen de Zona Fría impactaba de manera transversal sobre el total de la facturación que recibían los usuarios. Con la nueva normativa aprobada, el beneficio se recortará para aplicarse de manera exclusiva sobre el precio del gas en origen, técnicamente denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Al quedar excluidos del subsidio los costos regulados de transporte y distribución, así como los impuestos asociados a estas etapas del servicio, el porcentaje de descuento efectivo sobre el valor final de la factura experimentará una notable contracción.
A este replanteo técnico se suma una reconfiguración de los criterios socioeconómicos para el acceso a las coberturas más altas, con una marcada tendencia hacia la focalización del gasto. El texto legislativo estipula que el subsidio de mayor impacto quedará reservado únicamente para aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no superen el valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), ampliando además la prioridad regulatoria para los beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y los veteranos de la guerra de Malvinas. Para el universo restante de usuarios residenciales, la histórica certeza de los descuentos fijos garantizados por ley cederá terreno frente a un esquema restrictivo que busca aliviar la presión sobre el Tesoro Nacional ante la insuficiencia del fondo fiduciario específico, sustentado actualmente en un recargo del 7,5% sobre las tarifas del sector.
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