El presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley con el objetivo de reformar la Ley Provincial N° 3.550 de Ética Pública. La iniciativa surge tras la repercusión del caso Adorni y busca, centralmente, facilitar el acceso a la información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos, actualizar el régimen de declaraciones juradas, incorporar herramientas digitales y fortalecer el control de la ciudadanía sobre quienes ejercen cargos en el Estado.
En los fundamentos de la propuesta, Acevedo argumentó que la democracia se sustenta en un contrato implícito de confianza entre la ciudadanía y sus representantes, lo que exige de estos últimos una conducta ética, transparencia y honestidad en la administración de los fondos públicos. «Consideramos que es oportuno y necesario efectuar modificaciones a nuestra Ley N° 3.550, a fin de modernizarla, despejar cualquier grado de opacidad dándole la mayor transparencia», expresó el legislador.
Entre las principales reformas, el proyecto estipula que las declaraciones juradas deberán presentarse exclusivamente en formato digital y estarán disponibles para la consulta pública en los sitios web oficiales del Estado provincial. Asimismo, se actualizan los bienes a declarar, incorporando la obligación de registrar activos en criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión y cualquier vínculo comercial o profesional que pueda representar un potencial conflicto de intereses.
Control de incompatibilidades: Los funcionarios también deberán informar sus participaciones en sociedades, empresas, fundaciones u organizaciones, así como las relaciones laborales o comerciales mantenidas hasta dos años antes de asumir el cargo.
Por otra parte, la iniciativa prevé un esquema de resguardo para preservar de manera confidencial ciertos datos sensibles vinculados a la seguridad personal y familiar de los funcionarios, tales como la ubicación exacta de inmuebles, números de cuentas bancarias o datos filiatorios de menores de edad. De esta manera, se busca equilibrar el derecho a la información con el derecho a la privacidad y seguridad.
Para el diseño de la propuesta, se tomaron como referencia los avances normativos de jurisdicciones como Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya modernizaron sus mecanismos de control. Finalmente, Acevedo remarcó que una publicidad adecuada de los patrimonios no solo fortalece el control ciudadano, sino que también protege a los funcionarios honestos frente a sospechas infundadas, contribuyendo significativamente a la calidad institucional y a la confianza pública.
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