La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro presentó su balance anual de gestión, en el cual detalló el alcance de sus líneas de financiamiento, asistencias técnicas e instrumentos de fortalecimiento orientados al sector privado. De acuerdo con el informe oficial, el organismo receptó un total de 466 solicitudes provenientes de empresas, microempresas y productores de la provincia, de las cuales 370 cumplieron con las condiciones requeridas para acceder a los distintos programas de fomento.
En términos económicos, la articulación entre organismos públicos, entidades bancarias y fondos provinciales movilizó una masa de recursos que superó los $17.762 millones. El grueso de este capital se canalizó a través del asesoramiento y la emisión de certificados de pertinencia técnica para que 219 pequeñas y medianas empresas gestionaran créditos productivos en el mercado financiero, por un monto global que ascendió a los $15.046 millones.
Por fuera del financiamiento bancario tradicional, la Agencia distribuyó partidas presupuestarias específicas orientadas a mitigar contingencias y a promover la competitividad de las actividades productivas de la región:
Digitalización del trámite: Según los registros del organismo, la implementación de una plataforma digital centralizó consultas de más de 2.500 usuarios, registrando una velocidad de respuesta técnica promedio de 64 minutos por trámite iniciado.
El balance también arrojó datos sobre los perfiles de los solicitantes. A través del Registro Único de Mujeres Emprendedoras (RUME), se otorgaron 140 certificaciones que facilitaron el ingreso de proyectos liderados por mujeres a las líneas de asistencia financiera y capacitaciones operativas disponibles en el territorio provincial.
Por último, en lo que respecta a los nuevos modelos de gestión, el informe reflejó los resultados de la primera edición del Programa de Aceleración B, implementado originalmente durante el ejercicio 2025. Esta iniciativa estuvo dirigida a empresas interesadas en adecuar sus procesos de negocios a estándares internacionales de sostenibilidad y triple impacto (económico, social y ambiental), sentando las bases operativas que el organismo prevé mantener vigentes durante el transcurso de 2026.
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