La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy por unanimidad la acusación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, en una resolución que podría desembocar en su destitución. El magistrado está imputado por múltiples cargos que incluyen protección a redes narcocriminales, armado de causas judiciales falsas y favores a su entorno personal, entre ellos el financista Fernando Whpei, hoy también bajo arresto domiciliario.
La acusación, elaborada por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques, fue avalada por todos los integrantes de la comisión, que preside el senador del PRO Luis Juez. El dictamen ahora debe ser votado por el plenario del Consejo de la Magistratura, que decidirá si Bailaque será sometido a un jury de enjuiciamiento.
En paralelo, el magistrado presentó un descargo en el expediente 129/2024, en un intento de defender su conducta, mientras permanece con prisión domiciliaria. Aunque el juez podría presentar su renuncia, en el Consejo se evalúa no aceptarla para que afronte el juicio político. La diferencia es clave: si renuncia, mantiene su jubilación como magistrado; si es destituido, la pierde.
El caso contra Bailaque tiene tres núcleos principales. El primero, su presunta relación con el narcotraficante rosarino Esteban Lindor Alvarado. A pesar de tener lazos personales con Gabriel Mizzau —contador tanto suyo como de Alvarado— y de que el hijo de este trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas clave contra el líder narco. Según la investigación del Consejo, incluso habría bloqueado medidas probatorias como intervenciones telefónicas.
El segundo cargo tiene como figura central al empresario bursátil Claudio Iglesias, quien habría sido víctima de una causa judicial fabricada para extorsionarlo. De acuerdo a los testimonios, el armado de esa causa habría sido orquestado por Bailaque junto al financista Fernando Whpei y al exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna. Este último, en su rol de arrepentido, confirmó ante la Justicia que la maniobra tuvo como fin presionar económicamente al empresario.
La tercera acusación expone un caso de beneficio indebido a Fernando Whpei, a través del desvío de fondos millonarios desde una cooperativa intervenida judicialmente hacia una mutual manejada por el propio financista. La acusación señala que Bailaque actuó con parcialidad al permitir ese direccionamiento, violando los principios de integridad y transparencia.
Desde TodoRoca advertimos sobre Fernando Whpei, un financista que opera desde hace años en distintos puntos del país, pero especialmente en nuestra provincia, Río Negro. Allí desarrolló una red de financieras que ofrecían créditos a empleados públicos con descuentos directos por planilla y tasas consideradas usurarias.
Además de su rol en el mundo financiero, Whpei consolidó un conglomerado mediático en Río Negro, adquiriendo los portales NoticiasNet, El Cordillerano y AN Roca, lo que le permitió influir en la agenda informativa local y acceder a importantes cifras en concepto de pauta oficial.
En la causa que lo involucra junto a Bailaque, se lo acusa de haber recibido dinero de empresarios a cambio de «frenar causas» que se tramitaban en el juzgado federal de Rosario. Según la declaración de Vaudagna, Whpei cobraba sumas en dólares prometiendo que podía influir sobre el juez, con quien tenía una relación personal de años.
El juez Bailaque, además, fue quien intervino una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y resolvió liberar mil millones de pesos que terminaron en poder de una mutual liderada por Whpei. Para los fiscales, esto configuró una desviación de poder, incluso si no hubo perjuicio patrimonial para la cooperativa.
Tanto Bailaque como Whpei permanecen con prisión domiciliaria. Mientras el primero intenta evitar su destitución, el segundo enfrenta también un complejo frente judicial por sus operaciones en el sector financiero y su rol en las maniobras de extorsión.
En su conjunto, el expediente expone una trama que combina vínculos personales, manipulación de causas judiciales, desvío de fondos públicos y concentración de poder comunicacional. La decisión final sobre el futuro de Bailaque está ahora en manos del plenario del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo, que deberá definir si le acepta la renuncia o lo somete al jury que podría quitarle definitivamente el cargo.
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