En un movimiento político y sindical de fuerte impacto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional, conducida por el rionegrino Rodolfo Aguiar, selló una alianza estratégica con los principales referentes del sector de las pequeñas y medianas empresas del país. El objetivo del encuentro fue estructurar un frente de resistencia común y coordinar medidas de fuerza conjuntas ante la masiva ola de despidos y el cierre patronal de compañías, un fenómeno que los dirigentes catalogaron abiertamente como un «industricidio».
Las alarmantes estadísticas puestas sobre la mesa durante la reunión sectorial sirvieron para justificar la urgencia del acuerdo: los equipos técnicos de ambas partes contabilizan el cierre definitivo de 27.000 empresas PYME y la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo en la sumatoria de los sectores público y privado de la Argentina.
“No vamos a frenar el industricidio provocado por el presidente Milei si las peleas las damos por separado. Los trabajadores del Estado no tenemos por qué estar confrontados con los empresarios de verdad, con aquellos que no son agentes del poder económico concentrado, sino que se levantan a trabajar a las 6 de la mañana y se sacrifican todos los días para sostener sus fábricas y sus empleados”, argumentó con dureza Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
El plan de acción unificado no se limitará únicamente a las tradicionales protestas callejeras o paros generales. Sindicato y empresarios definieron una estrategia multidimensional que se desplegará en tres áreas específicas:
Coordinación de huelgas y movilizaciones unificando la fuerza del empleo público y la producción privada de origen nacional.
Presión conjunta en el Congreso y las legislaturas para frenar leyes que avancen con el desguace de las estructuras de regulación.
Presentación inminente de recursos de amparo colectivos, impulsados en bloque por los gremios y las cámaras empresarias damnificadas.
Uno de los puntos que mayor preocupación despertó en el cónclave fue la decisión del Gobierno Nacional de quitarle al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el monopolio y control de la metrología legal. Los presentes alertaron que la retirada del Estado en esta materia pone en riesgo directo a los consumidores, ya que el INTI era el encargado exclusivo de calibrar, auditar y certificar el correcto funcionamiento de herramientas cotidianas claves: desde balanzas comerciales y surtidores de nafta, hasta alcoholímetros, radares de fotomultas y las heladeras de seguridad e higiene para vacunas y medicamentos de alta complejidad.
Del encuentro participaron figuras de peso del entramado pyme e industrial nacional, entre ellos: Julián Moreno (presidente de APYME), Luciano Galfione y Lucía Knorre (Fundación ProTejer), Rodolfo Libermann (TikvaTex), Carlos Norrih (PyMESUR / MP25M), David Selser (Confederación General Económica), Jorge Karagozlu (KaraTex SA), junto a representantes de la cámara CaRePe (Alberto Héctor Melo, Paola Benítez y Marcelo Baldivieso). Todos coincidieron en que el desmantelamiento de organismos de control como el INTI y el INTA destruye la competitividad y deja desprotegido al mercado interno frente al avance de las importaciones.
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