Aseguradora deberá indemnizar a marinero aplastado por un portón en altamar

Una aseguradora deberá pagar una indemnización de 37 millones de pesos a un marinero que sufrió un grave accidente laboral en un barco pesquero. El hecho ocurrió a pocos días de que el trabajador ingresara a la embarcación. Mientras cumplía funciones de relevo de personal, fue aplastado por uno de los portones de las redes de pesca que se cerró de forma brusca, aprisionándolo contra una baranda de hierro. El impacto fue de tal magnitud que afectó gravemente su columna dorsolumbar, la zona lumbar y el codo derecho.

Dada la gravedad de las lesiones, el capitán del pesquero tomó la decisión de interrumpir la navegación para regresar de inmediato a puerto, donde el trabajador pudo recibir la primera atención médica especializada. El accidente fue debidamente denunciado por la empresa empleadora ante la aseguradora y tramitado ante la Comisión Médica N.º 18, cuyas actuaciones confirmaron la veracidad del siniestro.

El informe pericial médico incorporado al expediente fue crucial, detallando que las lesiones eran compatibles con un síndrome de aprisionamiento. La profesional explicó que la columna vertebral es altamente susceptible a daños por compresiones y golpes directos, y constató que el marinero padecía lumbalgia postraumática y presentaba limitaciones en los movimientos de la columna y del codo derecho. Con base en estas secuelas físicas, se estimó una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 6,35 por ciento de la total obrera.

La Cámara Laboral de Viedma dio por probada la relación causal directa entre la mecánica del accidente y las secuelas físicas permanentes constatadas. En su resolución, el tribunal aplicó los parámetros establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo y las normativas reglamentarias vigentes para calcular la compensación. Para determinar el monto final, se tomaron como base los haberes efectivamente percibidos por el trabajador antes del accidente y se aplicó el índice RIPTE para la correspondiente actualización. El cálculo arrojó la suma de 37 millones de pesos, utilizando la herramienta oficial de liquidación del Poder Judicial de Río Negro.