En la última sesión, la Legislatura de Río Negro promulgó una norma que regula el acceso de extranjeros a los servicios públicos de salud y educación superior. Según lo aprobado, los residentes transitorios y quienes posean una residencia precaria deberán abonar aranceles por utilizar estos servicios estatales.
La iniciativa contempla la creación de dos fondos especiales: uno para Salud Pública, que financiará equipamiento, capacitación y programas sanitarios, y otro para Educación Pública, destinado a infraestructura y funcionamiento de las instituciones educativas.
La ley garantiza que en situaciones de urgencia y emergencia la atención médica será prestada sin restricciones. Además, faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios de reciprocidad con otros países para que ciudadanos argentinos puedan recibir trato equivalente en el exterior.
La propuesta había superado la primera vuelta en agosto, con el respaldo mayoritario en la Legislatura. Durante ese momento, uno de los autores, el legislador Lucas Pica, defendió la medida como una forma de proteger los recursos públicos provinciales frente al crecimiento de la demanda.
La norma también generó resistencia entre comunidades de inmigrantes. Representantes de residentes chilenos, bolivianos y peruanos que viven en Viedma reclamaron que la ley “quita un derecho histórico” y pidieron que se suspenda su tratamiento hasta que haya un debate abierto.
Con esta sanción, Río Negro habilita un nuevo esquema de financiamiento en salud y educación, mientras las autoridades deberán definir las reglamentaciones y criterios de aplicación hacia los extranjeros afectados.
