Un fallo del fuero laboral de Bariloche dio por probadas las denuncias de cuatro empleados municipales que relataron amenazas, represalias, gritos y restricciones arbitrarias en la Delegación El Cóndor. La sentencia reconoció la existencia de violencia institucional y dispuso medidas de reparación para los trabajadores afectados.
El conflicto surgió tras la designación de un nuevo delegado, cuyo estilo de conducción derivó en un clima hostil y discriminatorio. Según el expediente, se aplicaron sanciones sin sustento, exclusión del espacio laboral, negativa a otorgar licencias y hasta represalias por participar en asambleas gremiales.
Uno de los casos más graves fue el de una trabajadora contratada, que recibió advertencias sobre su continuidad laboral si mantenía contacto con ciertos compañeros. Poco después, no le renovaron el contrato mientras atravesaba una licencia médica por estrés. Otro empleado, con más de 30 años de servicio, fue desplazado sin explicación y obligado a permanecer fuera del edificio, incluso en pleno invierno.
Durante el juicio, testigos y un informe social confirmaron la existencia de un esquema sistemático de exclusión y hostigamiento. La Cámara concluyó que la Municipalidad incumplió con su deber de garantizar un entorno laboral sano y respetuoso.
La sentencia ordena que el delegado complete una capacitación formal en violencia laboral y de género, ofrezca disculpas por escrito y que todas las comunicaciones futuras se canalicen a través de jefaturas intermedias. Además, la Municipalidad deberá capacitar a todo el personal de la delegación e implementar protocolos claros para licencias, tareas y horas extras.
El fallo no está firme y puede ser apelado, pero marca un precedente importante en materia de protección de los derechos laborales y prevención de la violencia institucional en el ámbito municipal.
