La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche dictó una sentencia histórica: condenó a la Municipalidad de Bariloche por violencia de género e institucional en el ámbito laboral, tras el hostigamiento sufrido por una empleada municipal entre 2020 y 2022.
La víctima, trabajadora de planta con funciones de jefatura en el área de Fiscalización, denunció haber sido despojada de sus funciones, presionada para dejar el cargo y reubicada en condiciones indignas. Según el fallo, los funcionarios jerárquicos ejercieron violencia verbal, simbólica y psicológica, con expresiones machistas explícitas. En uno de los mensajes probados en el expediente, un director del área le escribió: “No te hagás la ofendida. Sabés cómo es esto. Acá mandan los hombres.”
La prueba que confirmó el hostigamiento
El tribunal dio por acreditados insultos, gritos y desautorizaciones públicas, además de comunicaciones intimidatorias vía WhatsApp. Testigos del mismo sector confirmaron haber presenciado conductas ofensivas hacia mujeres, mientras que una pericia psicológica concluyó que la trabajadora padece Trastorno por Estrés Postraumático complejo derivado de una violencia laboral sostenida.
Pese a que el Municipio negó los hechos y alegó mal desempeño, el tribunal destacó que no presentó pruebas objetivas. Al contrario: existían evaluaciones positivas de la propia gestión que luego pidió su desplazamiento.
La condena
La sentencia responsabiliza al Estado local por omisión, ya que, pese a las denuncias, no adoptó medidas de protección ni promovió sanciones contra el agresor, un funcionario político. El fallo enfatiza que los poderes públicos tienen la obligación reforzada de actuar preventivamente frente a situaciones de violencia de género, incluso cuando se trate de cargos políticos sin estabilidad.
Por ello, el tribunal impuso a la Municipalidad el pago de una indemnización por daño moral agravado equivalente a 15 sueldos brutos mensuales de la trabajadora.
Los hechos ocurrieron durante la gestión municipal saliente, y el expediente disciplinario fue cerrado sin sanciones. La actual administración tampoco reabrió el caso, y la reubicación laboral de la víctima solo se logró a través de la vía judicial.
