Una mujer de 31 años denuncia haber sido víctima de una intervención irregular por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que habría derivado en la separación abrupta de sus dos hijos: una niña de 10 años y un bebé de un año y medio en etapa de lactancia.
Según su relato, el hecho habría ocurrido el 5 de marzo, mientras se encontraba trabajando. El padre de los menores, junto a los abuelos y representantes de la SENAF, habrían retirado a los niños del hogar sin previo aviso. La mujer sostiene que al regresar a su casa, encontró la vivienda vacía y fue informada de una supuesta medida restrictiva. Asegura además que, al intentar buscarlos, fue retenida por más de dos horas en una comisaría, sin exhibición de una orden judicial.
Desde su entorno legal indican que no se habría llevado adelante ningún procedimiento previo que justifique la medida: no habría informes socioambientales, ni denuncias previas graves, ni evaluaciones que dieran cuenta de un riesgo concreto para los menores. La madre sostiene que sus hijos vivían en un entorno estable, sin presencia de violencia, drogas ni maltrato, y que mantenía una vida laboral ordenada. En el caso del bebé, todavía se encontraba en período de lactancia, vínculo que se habría visto interrumpido abruptamente por la imposición de una medida de restricción de 90 días.
La defensa asegura que la niña de 10 años fue entrevistada el 13 de marzo por personal especializado, y que durante ese encuentro habría manifestado su deseo de regresar con su madre. Desde el 18 de marzo, se estarían solicitando las grabaciones de esa entrevista y de otras audiencias, sin que hasta ahora se haya autorizado el acceso a ese material, lo cual —según advierten— obstaculizaría el ejercicio del derecho de defensa.
Todo el expediente se encuentra en la Unidad Procesal 16, a cargo de la jueza Carolina Gaete. Desde la defensa expresan que no encuentran fundamentos legales claros que justifiquen una medida de tal gravedad. “No hay indicios de violencia, consumo de sustancias ni maltrato. No hay informes técnicos que respalden esta decisión”, señalaron.
También plantean su preocupación por la velocidad con la que habría actuado la SENAF en este caso. “Llama la atención la celeridad con la que se ejecutó esta medida, en contraste con otros casos mucho más graves —incluso con denuncias por abuso— donde el organismo no actúa con la misma urgencia”, advirtieron. Según señalan, esto podría abrir la puerta a la sospecha de posibles vínculos o presiones externas que habrían acelerado el proceso.
Desde el entorno familiar consideran que este caso podría sentar un antecedente grave, donde —según su visión— con una denuncia sin pruebas se puede separar a una madre de sus hijos sin intervención judicial ni análisis previos. “Esto genera mucho temor en la sociedad. Le quitaron la maternidad a una mujer trabajadora, sin que haya justificación ni explicación clara. Y a sus hijos, los alejaron de su entorno y su vínculo más cercano”, expresaron.
“Llevé a mi hija a su primer día de clases con mi bebé. Fui a trabajar. Cuando volví, no estaban. Hace más de un mes que los espero cada día, cada noche. Me los sacaron. Mis hijos deben volver con su mamá, como siempre fue”, relató la madre.
El caso genera inquietud y sigue de cerca por organizaciones sociales y de derechos humanos, que observan con preocupación lo que podría tratarse de un caso de violencia institucional.
