Una fuerte sacudida política e institucional impactó en la Municipalidad de Villa Regina con la dimisión de la Secretaria de Gobierno, Ayelén Milagros Godoy Morales. La funcionaria presentó su renuncia con fecha 22 de septiembre de 2026, precisando que la medida fue adoptada a requerimiento expreso del intendente Luis Albrieu formulado un día antes. En una extensa presentación formal, la exsecretaria fundamentó las razones de su alejamiento para resguardar su honor y trayectoria política frente a posibles versiones sobre su desempeño.
En el texto de la dimisión, Godoy Morales dejó constancia de haber sido víctima de reiterados episodios de maltrato personal por parte del jefe comunal durante su labor en la Secretaría de Gobierno y en su paso previo por la cartera de Desarrollo Social. La exfuncionaria detalló situaciones de llamadas intempestivas, agresiones verbales e interrupciones laborales arbitrarias. Entre los hechos citados, rememoró un episodio acontecido en junio de este año cuando fue convocada de urgencia a la intendencia para recibir descalificaciones personales sobre su estado de salud mental.
La denunciante sostuvo además que fue requerida de forma reiterada para intervenir en cuestiones estrictamente privadas y familiares del mandatario local, lo cual terminó exponiendo su imagen pública de manera injustificada. Respecto al encuentro que derivó en la solicitud de su renuncia el 21 de septiembre, señaló que se le exigió ingresar al despacho sin su teléfono celular y se la acusó sin pruebas de emitir comentarios negativos sobre la figura de Albrieu, reproche que negó de forma categórica.
Finalmente, la misiva expuso presuntas advertencias vertidas durante dicha reunión dirigidas a condicionar el futuro laboral de sus hermanos, quienes se desempeñan en la misma planta municipal. Frente a este panorama, Godoy Morales rechazó cualquier imputación por incumplimiento de deberes en el ejercicio de la función pública, ratificó que actuó bajo los principios de idoneidad y responsabilidad, y formuló reserva de derechos para iniciar las acciones administrativas o judiciales correspondientes.
