El avance de la denominada «megacausa de las entraderas» sumó un nuevo hito judicial este lunes en General Roca, consolidando una de las investigaciones más complejas contra el crimen organizado en el Alto Valle rionegrino. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra un hombre señalado como parte operativa de la banda, elevando a doce el número total de personas formalmente vinculadas al expediente. El entramado delictivo, que mantenía en vilo a los residentes de la zona, es investigado bajo la estricta calificación de asociación ilícita en concurso real con robos agravados.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el equipo fiscal detalló que el último detenido cumplía un rol específico dentro de la estructura, consistente en la logística de inteligencia previa y la ejecución de los asaltos domiciliarios. Tras la exposición de los elementos probatorios recolectados en los últimos operativos, la justicia de garantías dio por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva del sospechoso por el término de cuatro meses. La medida cautelar se fundamentó en la gravedad de los hechos imputados y en el severo riesgo latente de entorpecimiento de la investigación en curso.
La resolución de este lunes se acopla a las prisiones preventivas que ya cumplen los otros once imputados de la causa, dictadas con anterioridad por un plazo de seis meses. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la banda operaba de manera coordinada mediante la división de tareas, que incluía la selección de víctimas con perfiles económicos específicos, el seguimiento de sus rutinas y la posterior irrupción violenta en las propiedades. El volumen de pruebas documentales, testimoniales y peritajes telefónicos acumulados determinó que la investigación principal sea declarada de «asunto complejo», extendiendo el plazo de instrucción general por un año.
Con esta última detención, las autoridades ministeriales buscan cerrar el círculo sobre los niveles jerárquicos de la organización, aunque no se descartan nuevas derivaciones procesales a partir del análisis de los dispositivos tecnológicos secuestrados. La causa, que unificó múltiples legajos por asaltos violentos cometidos bajo la misma modalidad en distintas localidades de la región, permanece bajo un estricto control operativo debido a la ramificación de los contactos y la infraestructura que la banda utilizaba para colocar los bienes sustraídos en el mercado ilegal.
