La escena política y mediática de Río Negro atravesó horas de fuerte incertidumbre durante la noche del martes, tras la veloz viralización de un rumor que daba cuenta de un presunto allanamiento en las instalaciones de la Casa de Gobierno. La versión, que corrió con fuerza a través de las redes sociales y en los principales pasillos oficiales de la capital provincial, sugería además el supuesto secuestro de computadoras en dependencias estatales, un escenario que encendió de inmediato las alarmas institucionales en torno a la administración del gobernador Alberto Weretilneck.
Ante el impacto y la envergadura que tomaron las especulaciones con el correr de las horas, el Poder Ejecutivo rionegrino se vio obligado a intervenir de manera directa para frenar la escalada del conflicto. A través de un comunicado oficial emitido de urgencia, la gestión desmintió de forma rotunda y categórica la existencia de cualquier tipo de procedimiento judicial dentro de la sede gubernamental, llevando calma respecto al normal funcionamiento del aparato estatal.
Desde el entorno más cercano al mandatario provincial no ocultaron el malestar y atribuyeron la maniobra a una presunta operación de prensa orquestada por sectores de la oposición. En los despachos oficiales señalaron que este tipo de campañas de desinformación responden directamente a la falta de proyectos e ideas para la provincia por parte de los espacios adversarios, buscando desestabilizar el clima institucional de la región.
Con la situación bajo control, el gobierno rionegrino ratificó su postura de continuar gestionando bajo las premisas de la transparencia y el estricto respeto por la democracia. Asimismo, las fuentes oficiales recalcaron que las actividades habituales del gobernador y sus ministros no sufrirán modificaciones, asegurando que el rumbo de la administración provincial se mantendrá firme pese a los ruidos políticos de las últimas horas.
