La digitalización obligatoria de los trámites administrativos y financieros en la provincia sumó un fuerte rechazo en el plano legislativo. En el marco de las actividades por el Mes del Buen Trato a las Personas Mayores, el diputado provincial Luciano Delgado Sempé defendió los alcances de la nueva legislación rionegrina diseñada para proteger a la ancianidad. El parlamentario lanzó duras críticas contra los organismos del Estado y las empresas de servicios que obligan a los jubilados a resolver sus consultas de forma virtual, definiendo esa práctica exclusoria como un acto flagrante de violencia institucional que desampara a los sectores más vulnerables de la comunidad.
La normativa vigente ya puso en marcha una primera etapa de talleres de capacitación obligatorios, dictados en conjunto por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el Ministerio de Desarrollo Humano, destinados a todo el personal de entidades públicas y privadas que atiendan a la tercera edad. El legislador advirtió que la próxima fase de la ley contempla sanciones y penalidades severas para aquellas firmas u oficinas que persistan en el maltrato o en la falta de asistencia. Sempé aclaró que el castigo económico e institucional no recaerá sobre el empleado de mostrador, sino sobre las gerencias y directorios de las empresas, a quienes responsabilizó por no adecuar sus estructuras de atención. En esa línea, adelantó que exigirá que los bancos comerciales y las obras sociales sean los primeros en ser auditados.
El eje central del reclamo parlamentario apunta a frenar la brecha digital que sufren los abuelos en las diferentes localidades, especialmente en las zonas rurales o de chacras donde la conectividad a internet es deficiente o nula. El legislador ventiló denuncias concretas contra dependencias como ANSES, oficinas de Defensa del Consumidor y la prestataria de gas Camuzzi, acusándolas de derivar sistemáticamente a los adultos mayores a páginas web o terminales automáticas complejas. Sempé defendió el derecho histórico de los jubilados a ser atendidos por «una persona de carne y hueso» y a poder percibir sus haberes mensuales directamente por ventanilla en efectivo si así lo desean, rechazando la presión bancaria que los empuja a utilizar cajeros automáticos o retirar dinero en comercios adheridos.
Finalmente, el referente de la Legislatura rionegrina expuso la falta de «trabajo en red» que exhiben las distintas agencias del Estado, denunciando una profunda desconexión burocrática entre el Poder Judicial, la Policía y los ministerios provinciales. Según su análisis, el gobierno debería utilizar los recursos tecnológicos para conectar de forma interna a sus ministerios y agilizar los expedientes, en lugar de usar la tecnología como una barrera para alejar a los ciudadanos de las oficinas públicas. Aseguró que la presencialidad humana no solo dignifica la atención al vecino, sino que representa la herramienta más eficiente para proteger a los ancianos frente a la creciente ola de estafas telefónicas y virtuales que se registran en la región.
